La provincia de Buenos Aires defendió el cobro de tasas municipales en las boletas de luz, luego de que el gobierno nacional prohibiera esta práctica a través de la Resolución 267/2024.
La provincia considera que esta decisión es un avasallamiento de las competencias provinciales y un perjuicio directo a las pequeñas cooperativas.
Según la Ley provincial 10.740, las empresas prestadoras del servicio público de electricidad deben percibir la tasa por alumbrado público en las facturas de energía eléctrica, a solicitud y en representación de las municipalidades.
Además, la Ley 11.769 establece el marco regulatorio de la actividad eléctrica en la provincia y permite la inclusión de conceptos ajenos en las facturas.
La provincia también argumenta que la resolución nacional no solo afecta los conceptos ajenos de la factura, sino también conceptos inherentes, propios del servicio público, como la contribución provincial y municipal, y el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias.
El gobierno de Axel Kicillof encomendó al Fiscal de Estado que defienda en la justicia el marco regulatorio provincial y promueva medidas judiciales para garantizar la aplicación del régimen tributario provincial y municipal.
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