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En una impactante crítica al sistema de justicia argentino, una nueva demanda denuncia que miles de detenidos en Buenos Aires están recluidos en comisarías de policía precarias y superpobladas, a menudo durante meses o incluso años.

Estas personas, muchas de ellas en espera de juicio, soportan condiciones que violan sus derechos humanos básicos, según una denuncia presentada por el INECIP.

Imagine estar encerrado en una celda diminuta con otras cuatro personas, sin acceso a servicios sanitarios adecuados ni atención médica.

O imagínese recibir comida en mal estado y verse privado de necesidades básicas como jabón y ropa limpia. Para innumerables detenidos en Buenos Aires, esta es su realidad diaria.

Alberto Binder, presidente del INECIP, y Julián Alfie, director ejecutivo, han presentado una denuncia penal contra los jueces de ejecución nacionales, argumentando que no han logrado evitar estas condiciones inhumanas.

«La Constitución es clara», dice Binder. «Los jueces tienen la responsabilidad personal de garantizar que las prisiones sean higiénicas y que los detenidos no sean sometidos a castigos crueles e inusuales».

En la denuncia se alega que estos jueces han violado varios artículos del Código Penal, incluidos los relacionados con la tortura, la imposición de castigos o vejaciones y la emisión de órdenes ilegales.

Al permitir que los detenidos permanezcan en condiciones tan deplorables, estos jueces han tolerado en esencia un sistema de castigo que es a la vez cruel e ineficaz.