jueves, diciembre 26, 2024

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AUTOMOTOR: Cambios en los registros

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Con el objetivo de agilizar trámites, el Ministerio de Justicia de la Nación ordenó modificaciones para los Registros Automotores, como la creación del Legajo Digital Único, reducción de impuestos, entre otros.

El Ministerio de Justicia de la Nación resolvió la reducción de impuestos, la libre elección del registro para los usuarios, la creación del Legajo Digital Único y el establecimiento de un tope para las ganancias de los Registros Automotores.

“Esto permitirá que los trámites sean sencillos, dinámicos y menos costosos, y otorga a cada ciudadano la libertad de elegir el Registro Automotor que mejor se adapte a sus necesidades, sin estar atado a una jurisdicción fija”, detalló la Cartera de Justicia.

En mayo de este año, el ministerio anticipó que se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

Además, con el objetivo de disminuir los costos de vida para los argentinos, “hemos reducido el arancel de las transferencias al 1%, y ya no se cobrará la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas patentes ni la certificación de hasta dos firmas. Como resultado, regresan al bolsillo de los argentinos más de $36.000 millones de pesos por año”, anunció el Ministerio de Justicia.

“El sistema anterior utilizaba documentación de papel, lo que generaba que los trámites sean lentos, burocráticos y de costos elevados”, agregaron al respecto.

De esta manera, se elimina la necesidad de trasladar documentos de papel entre los diferentes Registros, lo que implica “un ahorro mensual adicional de $1.300 millones de pesos para la Administración Pública que se gastaban en traslados por correo”, según detalló el Ministerio.

En mayo de este año, Cúneo Libarona anticipó que se cerrarán el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

Bajo esa premisa ya se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP; se eliminará la “cédula azul”. Cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

Asimismo, la Cartera de Justicia informó que se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”; se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los expedientes físicos; y se propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

“Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los encargados de Registros”, se especificó en la medida.

Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

La medida contempla que se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales; se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.

Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales también se aumentará significativamente el importe a partir del cual se obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

Diario Judicial