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El campo puso el grito en el cielo y pidió que no se apruebe la ley de indemnizaciones. Desde la Mesa de Enlace Bonaerense redactaron un escrito dirigido a la Cámara Alta para advertir sobre las problemáticas que genera en el sector el avance de la normativa.

A mediados de mayo, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción a la Ley de indemnizaciones laborales que presentó la diputada de La Cámpora por la Sexta Sección electoral, Maite Alvado. Esta normativa está estancada en el Senado bonaerense y otro sector importante manifestó su rechazo a la normativa.

La Mesa de Enlace Bonaerense dirigió una carta a la Cámara de Senadores que conduce Verónica Magario para manifestar su preocupación sobre la normativa que impulsó el oficialismo y alertó sobre las problemáticas que puede conllevar su aprobación.

En el escrito expresaron su “preocupación respecto de la reciente media sanción otorgada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires al proyecto de ley que propone una actualización de los intereses en los créditos laborales”.

Pese a que reconocen “la importancia de proteger los derechos de los trabajadores”, consideraron advertir “sobre los efectos adversos que esta medida podría generar para la economía provincial, particularmente en sectores esenciales como el agropecuario”.

Allí expresaron: “El incremento propuesto en los intereses sobre créditos laborales impactaría de manera significativa en los costos operativos de las empresas, lo que, de sancionarse la ley, podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso en el cierre de empresas, afectando directamente tanto a empleadores como a trabajadores”.

La normativa tuvo su tratamiento en una sesión desarrollada en el mes de mayo, donde Diputados le dio el visto bueno gracias a los votos del oficialismo y del bloque Unión Renovación y Fe que conduce Gustavo Cuervo. Sin embargo, en el marco la presentación del proyecto de Transparencia Fiscal que realizaron diputados y senadores del bloque PRO Libertad, deslizaron que la oposición está unida en la Cámara Alta para no dejar avanzar esta iniciativa.

A su vez, en la carta expresaron: “Es importante destacar que esta medida legislativa se encuentra en contradicción con los principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su reciente fallo en la causa Lacuadra. En dicha sentencia, el máximo tribunal subrayó la necesidad de que los intereses aplicados a los créditos laborales sean equilibrados y no se conviertan en sanciones desmedidas que puedan comprometer la supervivencia de las empresas. La divergencia entre la jurisprudencia de la Corte Suprema y la propuesta legislativa crea un ambiente de inseguridad jurídica que podría desincentivar la inversión y afectar negativamente el clima de negocios en nuestra provincia”.

“El sector agropecuario, uno de los pilares de la economía provincial y nacional, sería particularmente vulnerable a los efectos de esta ley. Empresas dedicadas a la producción agrícola y ganadera, ya afectadas por los crecientes costos operativos y las dificultades logísticas, podrían verse obligadas a reducir su actividad, lo que tendría un impacto directo en el empleo rural y en las economías regionales que dependen de este sector. El cierre de empresas afectaría no solo a los productores, sino también a las numerosas cadenas de valor asociadas a la producción agropecuaria”, añadieron.

Para finalizar y dejar en claro su postura, desde la Sociedad Rural Argentina sentenciaron:

“En vista de estos riesgos, solicitamos respetuosamente que esta Honorable Cámara considere detenidamente los posibles efectos adversos que podría generar la sanción definitiva de esta ley. Entendemos que un análisis equilibrado, que contemple tanto la protección de los derechos laborales como la viabilidad de las empresas, es fundamental para garantizar un desarrollo económico sostenible y justo para todos los sectores de nuestra provincia. Consideramos que una revisión alineada con los principios establecidos por la Corte Suprema permitiría alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de los trabajadores y la estabilidad de las empresas”.

La Tecla