Ante el ajuste del gobierno y las medidas anunciadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ATE declaró que «no vamos a quedarnos de brazos cruzados».
Las medidas anunciadas recientemente por el gobierno de Javier Milei atraen una tensión que no tiene límites. Tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, que implican un fuerte impacto en el bolsillo de los argentinos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo lo propio y también reveló un nuevo protocolo anti piquetes.
Estas dos medidas vienen de la mano: el ajuste económico al bolsillo de la gente provocará malestar, y esto se trasmitirá en las calles. Por lo tanto, las medidas anunciadas por la presidenta del PRO tienen como objetivo evitar las grandes manifestaciones que preparan los sectores sociales y sindicales ante este ajuste.
En este marco, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un comunicado en donde definen el plan de acción contra el ajustazo y pidió expresamente la reapertura inmediata de todas las paritarias, tras el reciente anuncio del vocero de Milei, quien brindó una conferencia de prensa este jueves y afirmó que el Gobierno quiere que las paritarias sean libres.
En el comunicado, ATE resolvió: declarar el Estado de alerta y asamblea permanente en todo el país; exigir la inmediata reapertura de las paritarias; repudiar y rechazar cualquier posibilidad de despido; no aceptar por inconstitucional el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich; realizar acciones directas antes de finalizar el año; y dar mandato abierto a la conducción nacional para definir medidas de fuerza.
“No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se terminan de pulverizar nuestros salarios. Necesitamos recuperar todo lo que hemos perdido en estas semanas. Sufrimos una remarcación de precios indiscriminada y generalizada antes de la asunción, y ahora una devaluación de más del 118%. Los salarios y las jubilaciones tienen que ser compensadas por este daño”, apuntó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.
Además, criticó las medidas tomadas por el Gobierno, particularmente la de la no renovación de los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia: «No vamos a tolerar ningún despido que sea injustificado. En el empleo público, la estabilidad está consagrada constitucionalmente. Además intentan cesantear a discapacitados y personas trans que ingresaron en cumplimiento de los cupos que se encuentran regidos por ley”.
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