Rumores malintencionados comenzaron a circular después de que se conociera la decisión firme por parte del gobierno provincial y la municipalidad de Necochea de intervenir en la Usina Popular Cooperativa. César Arrieta, ya jubilado del Sindicato de Luz y Fuerza, es el secretario general, y la realidad es que él es quien decide sobre los destinos de la entidad cooperativa local. Sería él quien estaría generando pánico entre los trabajadores.
Fuentes provinciales y locales consultadas por Necochea Digital indican que la intervención de la cooperativa no afectará los derechos adquiridos por los trabajadores, ni el convenio colectivo, ni la bolsa de trabajo.
Entre los motivos para la intervención se encuentran varios, pero los fundamentos para avanzar con esta importante medida se basan en la importante deuda que la UPC mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), a quien se le compra la energía eléctrica que luego se vende a los asociados del servicio local, la cual ascendería a más de 8.300.000.000 de pesos.
«¿Qué implicaría una intervención de la UPC?
La Cooperativa Eléctrica Sebastián de María podría enfrentar su primera intervención en la historia, solicitada por el propio intendente Arturo Rojas, con el respaldo total del gobierno provincial, debido a los manejos irregulares que la institución ha experimentado en los últimos años.
Ahora bien, ¿qué cambios conllevaría una intervención de la UPC? En realidad, ninguno sería negativo. La designación de un interventor anularía la autoridad del Consejo de Administración y probablemente resultaría en una auditoría externa para investigar posibles irregularidades en la gestión de los fondos de la cooperativa.
En lo que respecta a las fuentes laborales, la ley garantiza que todos los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo bajo los convenios colectivos vigentes, incluyendo a Luz y Fuerza, Sanidad para los empleados de Servicios Sociales, y telecomunicaciones para aquellos en el sector de internet. Además, las negociaciones paritarias continuarían según los respectivos sindicatos que representan a los empleados.
En cuanto a la bolsa de trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza para el ingreso de personal a la Usina, el convenio no se modificaría, preservando así las conquistas laborales alcanzadas desde 2012.
Es importante aclarar que la figura del interventor no puede en ningún momento comprometer la calidad y seguridad laboral del personal de la cooperativa, que mantendría las mismas garantías y acuerdos laborales actuales.
En resumen, la connotación negativa asociada con la palabra «intervención» es simplemente un ardid político de aquellos que, respaldados por sus cargos ejecutivos, pretenden ignorar una realidad que erosiona diariamente a una de las instituciones más importantes de la ciudad, poniéndola en riesgo incluso de desaparecer.
Ordenar, revisar y controlar, así como brindar transparencia en asuntos que los usuarios desconocen debido a la falta de información, y volver a poner en funcionamiento una cooperativa que solía ser el orgullo de la ciudad, es una responsabilidad que cada residente merece, formando parte de una entidad que, lamentablemente, no la representa desde hace tiempo.»
