Aunque en el 2023 prescribió la causa por la concesión del Camping Miguel Lillo, la corrupción quedó latente
A meses de cumplirse un nuevo aniversario del inicio de uno de los expedientes por presunta corrupción más polémicos de la última década en Necochea, la Justicia de La Plata puso hace 3 años un cierre definitivo, aunque no por falta de pruebas, sino por el vencimiento de los plazos legales.
La causa, que investigaba las irregularidades en la adjudicación del Camping Miguel Lillo, terminó con el sobreseimiento de todos los implicados debido a la prescripción de la acción penal.
A pesar del crecimiento edilicio y las obras de jerarquización que el predio exhibe hoy, la sombra sobre cómo se obtuvo dicha concesión quedará sin una respuesta judicial de fondo.
El origen del conflicto
La denuncia original fue impulsada por el anterior adjudicatario del camping, quien señaló presuntas maniobras ilícitas para beneficiar al Grupo Trabajar.
En el centro de la escena se encontraban el ex intendente Daniel Molina, el ex funcionario Ricardo Jurado y quien resultó finalmente beneficiado con la explotación del lugar, el empresario Rafael Mujica Lázaro, junto a sus socios.
La investigación giraba en torno a delitos graves: defraudación por administración infiel, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fallo que garantiza el archivo
La resolución de la Justicia platense es contundente respecto a la imposibilidad de seguir adelante con el proceso. El texto resolutivo establece:
- Extinción de la acción penal: Se declara extinguida la causa n° 1666-16 por prescripción, basándose en que se han superado los términos legales para juzgar los hechos.
- Sobreseimiento masivo: La medida alcanza a César Humberto Fernández, Rafael Mujica Lázaro, Daniel Anselmo Molina, Alejandro Daniel Lugones y Ricardo Rubén Jurado.
- Cierre del caso: Se ordenó la notificación a los registros de reincidencia y el posterior archivo de las actuaciones una vez que la sentencia quede firme.
Un final con sabor amargo
Este desenlace deja un «corolario» de dudas en la opinión pública. Si bien el Camping Miguel Lillo ha mostrado una transformación estética y de servicios bajo la actual gestión del Grupo Trabajar, la justicia no logró determinar si el proceso administrativo que los llevó allí fue transparente o fruto de una connivencia política.
La prescripción actúa aquí como un recordatorio de los tiempos de la justicia que, a menudo, corren más lento que la necesidad de transparencia en la administración de los recursos públicos.
Nota del Editor: El archivo de la causa no implica una declaración de inocencia sobre los hechos, sino la imposibilidad del Estado de seguir persiguiendo el delito debido a la inacción o demora judicial que permitió el paso de los años.
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