En las últimas horas, el Procurador General de la Nación interino cubrió con designaciones provisorias los 27 cargos de fiscal federal creados por la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Se trata de una nueva oportunidad desaprovechada.
Designar fiscales (salteándose el procedimiento legal) no redundará en mejores resultados en la persecución de la criminalidad organizada.
De nada sirve sumar nuevos recursos si se sigue trabajando igual, con recetas que ya fracasaron: sin análisis criminal, sin priorización de casos y sin capacidad de incidir sobre los mercados que estructuran la criminalidad en la provincia.
Rosario no necesita parches, sino soluciones reales. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal Nº 27.148, vigente desde el 2015, define lo que hay que hacer: designar un/a Fiscal Coordinador/a de distrito (cargo vacante desde 2018) para que establezca una política de persecución estratégica; y crear equipos de investigación que permitan aprovechar realmente las capacidades de las procuradurías especializadas.
Está claro que el próximo Gobierno Nacional tendrá la obligación de superar la parálisis de las últimas dos gestiones, y poner inmediatamente en marcha el sistema acusatorio en todo el país.
Pero la Procuración General no puede quedarse de brazos cruzados esperando que eso suceda, ni conformarse con decisiones provisorias y de dudosa legalidad mientras incumple con la Ley Orgánica vigente. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades para revertir el fracaso de la Justicia Federal.
