En el marco de un amparo ambiental, el Máximo Tribunal pidió una serie de informes a Nación, Salta y Jujuy sobre los contratos de explotación en las Salinas Grandes, donde se encuentran la mayor parte de las mineras.
Conocido como ‘oro blanco’, la producción de litio viene ganando terreno en el país. En este escenario, la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos -junto a otras agrupaciones- promovieron un amparo contra Jujuy, Salta y el Estado Nacional, y reclamaron suspender todos los actos que autorizan la exploración y explotación en la Cuenca Salinas Grandes.
También pidieron que las demandadas lleven adelante una gestión integral de la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc que garantice el cuidado del ambiente; y que se efectúe una línea de base de la cuenca y luego la Evaluación de Impacto Ambiental.
La Cuenca Salinas Grandes presenta una superficie de 17.522 km² y se extiende desde el sur de San Antonio de los Cobres (Salta) hasta el Norte de Abra Pampa (Jujuy) por lo que ambas comparten la cuenca hídrica Salinas Grandes-Guayatayoc, cuenca endorreica cuyos ríos y arroyos alimentan el humedal de altura llamado Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc.
La causa “Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo ambiental”, llegó a la Corte Suprema por su competencia originaria. Allí, los jueces resaltaron la importancia de las cuencas hídricas afirmando que es la unidad que comprende al ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente en particular.
“Los jueces deben considerar el principio in dubio pro natura que establece que en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales y no se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos”, dijo el máximo tribunal.
Destacaron, en este sentido, que la cuenca se trata de un sistema integral que se refleja en la estrecha interdependencia entre las diversas partes del curso de agua y que la comprensión amplia de las complejas situaciones que los conflictos alrededor de la gestión de una cuenca hídrica pueden generar, demanda conjugar la territorialidad ambiental, que responde a factores predominantemente naturales con la territorialidad federal.
De este modo, los supremos requirieron en un plazo de 30 días al Estado Nacional (Secretaría de Minería de la Nación) que informe y acompañe copia de todas las actuaciones vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato en las provincias de Jujuy y Salta y las empresas y/o consorcios vinculadas a las mismas y las proyecciones económicas de tal actividad.
A su vez, las provincias de Salta y Jujuy deberán presentar copia de todas las autorizaciones de permisos de exploración y explotaciones mineras otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y/o el Juzgado Administrativo de Minas o a la autoridad administrativa que haya intervenido; de las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas a tal fin, de los recursos, impugnaciones, denuncias recibidas contra dichas autorizaciones y/o frente a las situaciones de permisos mineros; que informe detalladamente y acompañe todas las actuaciones relativas a los aspectos ambientales relevados en cada uno de esos supuestos.
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