La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA), conforme surge del Acta N°276, trató la situación de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires y, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 10.390 y sus modificatorias, recomendó declarar esta medida de urgencia por las sequías que afectaron a Necochea.
La Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, a través de la directora de Desarrollo Comercial, Industrial y Agropecuario, Rocío Zabaljáuregui, informó esta mañana que ante la solicitud elevada por la Municipalidad de Necochea a la Provincia de Buenos Aires, la CEDABA, luego de analizar los antecedentes y datos agroclimáticos presentados, recomendó dar curso al pedido elevado para declarar la Emergencia y/o Desastre Agropecuario para la totalidad del distrito, por las sequías que lo afectaron en el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2022 y hasta el 30 de junio de 2023.
Este es un paso importante para que los productores del partido de Necochea, puedan acceder al certificado de Emergencia y/o Desastre agropecuario y, de esta manera, a los beneficios que de ello se desprenden; para cuya cristalización sólo falta el decreto y/o resolución provincial que lo apruebe, dado que es competencia del Ejecutivo provincial declarar la emergencia.
Sin perjuicio de ello, el Banco de la Provincia de Buenos Aires está en conocimiento de que el partido de Necochea ha sido incorporado como afectado por la sequía y ya tiene en vigencia una línea de crédito para los productores que se vieron perjudicados. Con un monto máximo por beneficiario de hasta $10.000.000 (pesos, diez millones) un plazo de pago de hasta 36 meses, un período de gracia de 180 días para el pago de capital y una tasa del 49% TNAV fija, según informaron desde la Dirección.
Los sectores afectados por la sequía, y a los que se comprenderá en la norma, son el agrícola ganadero, el hortícola, el apícola, los floricultores y los fruticultores; mientras que los beneficios a los que podrán acceder tienen impacto en las órbitas provincial y nacional, e incluyen prórrogas o exenciones impositivas, dilaciones en los vencimientos y accesos a créditos específicos.