La Provincia no cuenta con una normativa que regule su uso. Cada municipio tiene su propia ordenanza, generando desconcierto. Un debate que se reabre con varios actores.
Con el 40% de la producción agrícola concentrada en su territorio, la provincia de Buenos Aires no cuenta con una legislación que regule el uso de agroquímicos, una deuda que las autoridades buscan resolver y que genera debates entre científicos, políticos, productores y organizaciones ambientalistas.
La gestión de Cambiemos avanzó con una ley extremadamente permisiva, que autorizaba fumigaciones a pocos metros de zonas pobladas. La avanzada provocó reacciones de rechazo, por lo que la misma fue congelada a las pocas horas de sancionarse.
Por ejemplo, varios diputados de la bancada de (en ese entonces) Unidad Ciudadana llevaron a la Justicia la resolución provincial que regulaba el uso de agroquímicos en la Provincia, además de presentar un proyecto de ley para que se deje sin efecto la resolución firmada por el exministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquis, en un acto al que asistieron varios jefes comunales.
El Ministerio de Desarrollo Agrario, que conduce Javier Rodríguez desde el inicio del Gobierno de Axel Kicillof, busca -a paso lento- llenar este vacío.
Primero creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), integrado por veinte universidades y cinco centros de investigación, encargados de sistematizar la documentación existente para emitir un informe y convocar a los sectores interesados a debatir una normativa para toda la Provincia.
“El problema es que cada municipio tiene una ordenanza diferente, y es necesario homogeneizar una legislación para todos que ponga en claro cómo, de qué manera, se van a utilizar los agroquímicos en el territorio bonaerense”, señalaron desde la cartera agropecuaria.
Con la presión de los movimientos ambientalistas encima, la dirigencia política intenta dar una señal de coherencia.
“Hay municipios que ponen una zona de 40 o 50 metros y otros, de mil metros; por eso es necesario homogeneizar las normativas de manera racional”, aseguran desde las organizaciones de productores rurales, aunque sostienen que, por el momento, no fueron convocadas a dar su postura sobre este espinoso tema.
En efecto, el eje de la discusión siempre estuvo puesto en las variopintas interpretaciones para definir lo que se considera Zona de Exclusión (ZE) y Zona de Amortiguamiento (ZA).
Además, varios proyectos legislativos propusieron diferente cantidad de metros para las fumigaciones
terrestres y las aéreas.
Por estas horas comenzará la etapa de debate, convocada por el Gobierno provincial, y los diferentes sectores preparan sus aportes.
El año pasado, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentó el programa de Buenas Prácticas Agrícolas a producto res nucleados en CARBAP, con la idea de promover una producción sustentable basada en el cuidado del suelo y la aplicación responsable de agroquímicos.
Sin embargo, las denuncias continúan produciéndose en varios distritos (ver aparte) y la necesidad de una legislación a nivel provincial sigue siendo una demanda de la sociedad.
Por el momento, la cartera agraria tomó contacto con varios municipios del norte bonaerense, para recoger experiencias y sensibilidades de lo que se dictamina en los territorios con respecto a un tema que preocupa, y mucho.
FUENTE: La Tecla
