La organización funcionaba en un hotel céntrico marplatense y cometió delitos tanto en Argentina como en Venezuela desde la década de 1970 a 2018, cuando fue desarticulada.
La fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF 1) de la ciudad de Mar del Plata pidió este lunes condenas de entre 17 y 40 años de prisión para tres integrantes de una secta acusados de trata con fines de explotación sexual y laboral contra una decena de personas, acopio de un arsenal y alteración de identidad de menores.
En la audiencia de cierre de sus alegatos, el Ministerio Público consideró que durante el juicio que se desarrolla desde septiembre de 2021 a los miembros de la organización que funcionaba en un hotel céntrico marplatense, quedó acreditada la responsabilidad penal de Silvia Cristina Capossiello, Sinecio de Jesús Coronado Acurero y Luis Antonio Fanesi.
Para la fiscalía, a lo largo de cinco meses de audiencias en los que declararon decenas de testigos, quedó demostrado que esta secta fue «una organización criminal» cuya «estructura fue utilizada por los imputados para cometer delitos», tanto en Venezuela como en Argentina, desde principios de la década de 1970, hasta su desarticulación, en 2018.
Capossiello -pareja de Eduardo Nicosia, quien es el líder y fundador de la secta fallecido en enero de 2021- fue acusada en calidad de coautora del delito de «trata de personas con fines de explotación sexual y laboral» en perjuicio de diez víctimas.
Fue imputada, además, de ser partícipe necesaria en el «abuso sexual agravado» sufrido por tres integrantes por parte de Nicosia, dos de ellas hijas de él mismo, y la pena solicitada en su caso fue de 40 años de prisión.
Según precisó el ayudante fiscal Carlos Fioritti, acompañado por el fiscal Fabián Celiz, Coronado Acurero y Fanesi son culpables también del delito de trata, pero en calidad de partícipes primarios.
En el caso de Coronado Acurero, considerado «mano derecha» del jefe de la secta, la pena solicitada fue de 27 años de cárcel, mientras que para Fanesi fue de 17.
También se solicitó al tribunal una reparación de 6.600.000 pesos para cada una de las víctimas, por el «daño moral» sufrido.
La acusación incorporó como agravantes del delito de trata el uso de «engaño, fraude, violencia, amenaza y otros medios de coerción», el «abuso de autoridad y de una situación de vulnerabilidad», y el hecho de que se tratara de «ministro o autoridad de culto».
De acuerdo con los alegatos, los imputados «se valían de un proceso de coerción psicológica y aislamiento de las víctimas, típico de las organizaciones sectarias, generado a partir de la manipulación psicológica que se les imponía».
Los tres imputados, quienes llegaron al juicio oral con prisión preventiva en unidades del Servicio Penitenciario Federal, fueron acusados también por «adulterar la identidad» de menores de 10 años y por «falsedad ideológica de instrumento público».
La fiscalía consideró acreditado, además, que son culpables de acopiar armas sin registrar, que fueron halladas en el Hotel City donde funcionaba la organización, en Diagonal Alberdi 2561, a cinco cuadras del Casino Central.
Capossiello y Fanesi, quien se desempeñaba como conserje del lugar, fueron acusados también por resistencia a la autoridad, por impedir del ingreso el personal de la Policía Federal que allanó el lugar el 3 de julio de 2018, en el marco de la investigación.
La audiencia de cierre de los alegatos de la fiscalía fue seguida desde la sede del tribunal por su presidente, Roberto Falcone, mientras que los jueces Nicolás Toselli y Fernando Machado Pelloni lo hicieron de manera remota, al igual que los imputados, la representante de las víctimas y la defensa.
A lo largo de los dos lunes que ocupó el alegato de cierre, la fiscalía enumeró las «torturas y castigos» relatados por las víctimas, entre ellos niños, quienes dijeron que fueron «criados en cautiverio» y «adiestrados» para ocultar «la situación de servidumbre» en la que crecieron.
Según relevó Fioritti, las víctimas declararon que eran «entrenados como perros», que comían «pomada de zapatos con sacarina» o «comida balanceada para conejos», por el hambre que sufrían en ocasiones, y que eran golpeadas con un rebenque para caballos.
Por otra parte, la fiscalía consideró que no pudieron acreditarse los delitos denunciados en el caso de otras 21 personas, incluidos en la elevación a juicio del caso.
El juicio continuará el próximo lunes con la intervención de la representante de las víctimas, y el 25 de abril está previsto que presente su alegato la defensa de los imputados.
En el inicio de este juicio oral, también figuraba como acusado el psicólogo Fernando Ezequiel Velázquez, pero falleció semanas atrás, mientras cumplía prisión preventiva.
