La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó que es inminente el envío a la Cámara alta de un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura.
El Gobierno anunció este lunes que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de alcanzar una «representación más equilibrada» en ese cuerpo, además de incorporar cupo por género.
Así lo confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que indicó que la iniciativa ingresará en las próximas horas al Senado.
De acuerdo con lo adelantado, el proyecto prevé sumar un juez, un abogado y un miembro del ámbito académico o científico, ninguno de los cuales «pertenece al estamento político», aclaró Cerruti.
«Esto permitirá avanzar en el objetivo central de recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico», expresó Cerruti, quien adelantó también que la propuesta contemplará equidad de género.
La idea es que los distintos estamentos incorporen mujeres, tanto en los lugares reservados a los jueces, a los legisladores, a los abogados y una de las plazas destinadas a académicos o científicos.
Cerruti dijo que el Poder Ejecutivo (PEN) enviará el citado proyecto «en cumplimiento de lo que se comprometió el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo».
«Luego de haber escuchado las voces y las sugerencias del Consejo Consultivo, el Poder Ejecutivo va a enviar en las próximas horas al Congreso de la Nación para su evaluación y tratamiento un proyecto que modifica la la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura«, explicó la portavoz en el inicio de la conferencia de prensa.
Resaltó que, para el Gobierno, «esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura» y ayudará a «avanzar en uno de los objetivos centrales, que tiene que ver con «recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y un trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura».
En cuanto a las mayorías especiales requeridas para las dos funciones centrales del Consejo, la presentación de ternas y la remoción de jueces, se aclaró que no fueron modificadas y que siguen siendo mayorías agravadas
«No estuvo en debate en la ley de 2006, ni en el proyecto que envió la anterior administración, del ministro (Germán) Garavano y no está en debate ahora», señaló Cerruti ante una consulta sobre la posibilidad de que un integrante de la Corte Suprema presidiera el Consejo de la Magistratura.
Cerruti explicó la intención del Gobierno: «Se equilibra la representación de los diferentes estamentos, que es algo de lo que pide la Constitución Nacional a los legisladores cuando crea la figura del Consejo de la Magistratura».
«Nos parece que este proyecto intenta mejorar como funciona hasta el momento (el cuerpo)», reflexionó Cerruti y advirtió que la creación del consejo data del 2006.
«Pasaron 15 años desde entonces, con lo cual han sucedido cosas en la sociedad y en el mundo y nos hace pensar que esta representación (propuesta) es mas equilibrada y que esta formula que estamos presentando va a ayudar a un mayor funcionamiento de la justicia, a una garantía de la independencia del Poder Judicial y que el Consejo de la Magistratura no pueda ser un lugar de litigio de la política sino que esté al servicio de la mejor justicia de los ciudadanos», resumió.
Juzgó que en el Senado habrá «un amplio debate de todas las fuerzas políticas» y luego, cuando pase a Diputados, será finalmente «analizado por el Congreso en su conjunto».
El Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial incorporado en la Constitución Nacional en su reforma de 1994.
Regulado por la ley 24.937, tiene entre sus atribuciones la emisión de propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de tribunales inferiores, el ejercicio de facultades disciplinarias sobre magistrados, la administración de recursos y ejecución de presupuestos asignados a la gestión de justicia y la apertura de procedimientos de remoción y suspensiones, entre otras.
