Se dio por probado que los acusados habían almacenado casi dos toneladas de cocaína en un depósito del parque industrial de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca en 2017.
Siete personas, entre ellas tres de nacionalidad mexicana, fueron condenadas a penas de entre 5 y 15 años de prisión, acusadas de haber almacenado casi dos toneladas de cocaína en un depósito del parque industrial de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca en 2017, en una causa que fue bautizada como «Bobinas Blancas».
Las penas fueron dictadas en la mañana del jueves por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Bahía Blanca, integrado por los jueces Pablo Ramiro Díaz Lacava, Pablo Esteban Larriera y Pablo Alejandro Candisano Mera, durante una audiencia desarrollada de manera virtual por las medidas sanitarias por el coronavirus.
En el marco de la causa fueron acusados los mexicanos Gilberto Acevedo Villanueva (33), Jesús Madrigal Vargas (33) y Max Rodríguez Córdova (48) junto a los argentinos Darío Maximiliano Cuello (33); su hermano, Marcelo Rafael Cuello (48), Amílcar Darío Martino (62) y Emanuel García (42), este último operador de Bitcoins.
La lectura del veredicto estuvo a cargo del presidente del Tribunal, Pablo Díaz Lacava, quien sostuvo en primer lugar que se «se rechazaba el planteo de nulidad e inconstitucional formulado por las defensas y los pedidos de sobreseimiento», como así también se rechazó «el pedido de nulidad parcial de la acusación de la querella y el Ministerio Público en lo que hace a la situación de Emanuel García».
El tribunal condenó a Max Rodríguez Córdova a 15 años de prisión por ser considerado «coautor penalmente responsables de almacenamiento ilegal de estupefacientes agravado por la intervención de tres o mas personas organizadas para cometerlos», en el marco de la ley 23.737 de estupefacientes.
Madrigal Vargas junto a Acevedo Villanueva, los otros dos mexicanos, fueron condenados a la pena de 14 años de prisión por el mismo delito.
Por su parte, para Marcelo Cuello y Amílcar Martino los jueces los condenaron a 6 años de prisión por considerarlos «partícipes secundarios penalmente responsable del delito de almacenamiento ilegal de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas».
En tanto, Darío Cuello fue condenado a la pena de 5 años de prisión como «participe secundario penalmente responsable del delito de almacenamiento ilegal de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo».
Por último el Tribunal condenó a Emanuel García a la pena de 5 años de prisión, con una multa de 8 veces el monto de las operaciones como autor penalmente «responsable del delito de lavado de activos por hechos del 28 de abril, 5 de mayo, 10 de mayo, 5 de junio y 7 de junio del 2017 por un total de 468.400 dólares».
También el presidente del Tribunal comunicó que se ordenaba «en forma inmediata la detención de García», quien se encuentra en la Capital Federal y que llegó al debate en libertad.
Según se indicó, la audiencia de lectura de los fundamentos de la misma será dado a conocer el próximo 4 de noviembre a las 13.
En los alegatos, el fiscal federal Gabriel González Da Silva había pedido 15 años de prisión para Rodríguez Córdova y 14 para Villanueva y Vargas por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de «tráfico de estupefacientes».
En tanto que para los Cuello solicitó 5 y 6 años de prisión por considerarlos partícipes secundarios.
Fuentes judiciales indicaron que el fiscal pidió también 6 años de prisión para Martino, mientras que para García reclamó una pena de 8 por el «delito de lavado de activos de origen ilegal reiterado en cinco oportunidades y una multa de hasta ocho veces el valor del producto que obtuvo del negocio ilegal».
En el marco de la investigación que tuvo a su cargo el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, también estuvo imputado Rodrigo Alexander Naged Ramírez, nacido en Colombia pero de nacionalidad mexicana, quien fue asesinado junto a su hijo en el 2018 en un departamento del barrio porteño de Belgrano.
La causa comenzó el 14 de marzo del 2017 a partir de una nota remitida por la Drug Enforcement Administration (DEA) norteamericana a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) que alertaba sobre una operación de narcotráfico en Argentina.
A partir de las tareas investigativas, especialmente del entrecruzamiento telefónico, el 18 de junio del mismo año fueron secuestrados 1.375,89 kilos de cocaína adentro de ocho bobinas de acero que había en un galpón en el Parque Industrial de Bahía Blanca, y otros 486,28 kilos dentro de bolsas de arpillera en un galpón en la localidad mendocina de Perdriel.
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