La Corte Suprema de Justicia confirmó que el agua de Pergamino «está contaminada».
El máximo tribunal de Justicia del país confirmó lo que ya la justicia federal había instalado. Hasta hace una semana, el intendente Javier Martínez se negaba a entregar bidones de agua a familias de barrios fumigados.
“No apta para el consumo humano”. Con esa frase contundente, el informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificó que el agua de la ciudad de Pergamino contiene al menos 18 tipos de agroquímicos desprendido de las constantes fumigaciones agropecuarias y aseguraron que “pone en riesgo” a la salud de la población.
La Corte ya se había expedido por la causa que todavía se encuentra en manos del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, luego de que el intendente Javier Martínez, intentara apelar un fallo que puso límites históricos a las fumigaciones en el Partido de Pergamino. Al mismo tiempo, -y a pesar de las pruebas que recolectó la justicia- el Jefe comunal seguía afirmando que el agua de la localidad no presentaba peligro para ningún ciudadano.
Ahora, el máximo tribunal de justicia del país volvió a instalarse en el tema y confirmar que el agua local está contaminada. Tal como adelantó este miércoles el portal Primera Plana, las muestras analizadas en el laboratorio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) terminaron de confirmar que el agua de red presenta al menos 18 tipos de agroquímicos potencialmente peligrosos para la vida humana, de las 49 en estudio.
El informe de Cuerpo Médico Forense de la Corte lleva las firmas de las profesionales Virginia Aparicio, María Fernanda Cúneo Basaldúa y Flavia Alejandra Vidal. Las muestras analizadas fueron tomadas en el sistema de red de la escuela Nº 52, que se ubica cerca de campos fumigados, y tal como se lee en el expediente, la justicia cree que el agua de esa institución educativa “podría estar contaminada in situ”
Por eso, la Corte Suprema de Justicia le pide al intendente Martínez “realizar un análisis de evaluación de riesgo para la salud”. Vale recordar que lejos de ese pedido, el jefe comunal de Juntos por el Cambio recibió un duro revés por parte del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien lo intimó a entregar los bidones de agua ya ordenados por la justicia para las familias de los tres barrios fumigados. Según la denuncia de parte de algunos vecinos, Martínez se negaba a entregar agua potable pese a lo dictado por el juez y las pruebas del agua contaminada.
Un poco de contexto
En septiembre del año pasado, el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a manos del juez Carlos Villafuerte Ruzo, le ordenó al intendente Javier Martínez (Juntos por el Cambio) detener las fumigaciones e impuso una distancia mínima para las pulverizaciones en los campos, de más de 3 mil metros para su aplicación aérea, y más de 1500, en forma terrestre. El incumplimiento de ese fallo es la causal de los siete procesamientos.
Además, ese mismo año, el juez de la causa citó a indagatoria al jefe y subjefe de la Dirección de Ambiente Rural, Mario Tocalini y Guillermo Naranja, los funcionarios municipales que debían controlar el uso responsable de las fumigaciones.
Las señales de la justicia frente a uno de los sectores más poderosos en la economía nacional, genera entusiasmos y una lectura clara: el caso Pergamino tiene un “peso simbólico” para el resto del país”.
Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en la Argentina se fumigan anualmente 28 millones de hectáreas, con un equivalente a más de 300 millones de litros. Esta increíble cantidad de diferentes agroquímicos, de los cuales al menos 107 son considerados “altamente peligrosos” por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), son esparcidos a pocos metros de la población rural y urbana.
Con estos números, Argentina se convierte así en uno de los países donde más se fumiga en el mundo, si se tiene en cuenta la cantidad de hectáreas afectadas y el número de población.
De hecho, se calcula que son al menos 13 millones de personas las que están constantemente expuestas a las fumigaciones. Una realidad que se vive en carne propia en Pergamino, con el testimonio de cientos de personas de los barrios de Villa Alicia, La Guarida, Santa Julia y Luard Kayard, que denuncian un incremento de casos de cáncer y otras enfermedades.
l fallo histórico que se dio en Pergamino se sumó a esa excepción y abrió un camino para otros conflictos ambientales de la zona, así como en toda la Argentina.
El contexto, tampoco es menor: la localidad es una de las zonas en donde más se concentra el monocultivo de soja en toda la provincia. De las 300 mil hectáreas que tiene el partido, el 60% por ciento está destinado a la plantación de la soja transgénica, hecho que atrae a bastas empresas nacionales y multinacionales ligadas al agronegocio.
La contundencia en las medidas que tomó la justicia federal, se plasmaron el 5 de agosto de 2019, luego de que un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volviera a alarmar a la población de Pergamino. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue comprobado por diferentes niveles de la justicia-, se le agregó la verificación del daño genético que sufre una familia entera por encontrarse expuesta a las constantes fumigaciones.
Algo que ya se había instalado a raíz de un trabajo realizado por el científico fallecido, Andrés Carrasco, quien llegó a presidir el CONICET y que comprobó cómo los agroquímicos en sangre producen desde muerte celular hasta malformaciones.
FUENTE: Infocielo
