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La entrega se hizo en el municipio rionegrino de San Antonio Oeste, pionero en poner en funcionamiento una ordenanza que habilita esta práctica.

Mientras está en estudio una nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal, los primeros 41 permisos de autocultivo con fines terapéuticos del país se entregaron este fin de semana en el municipio rionegrino de San Antonio Oeste, pionero en poner en funcionamiento una ordenanza que habilita esta práctica y donde “todos se quieren venir a vivir”.

Además, está en marcha una campaña de recolección de firmas para que una norma similar sea aprobada por la Legislatura provincial por iniciativa popular, con el objetivo de que “el derecho reconocido para los vecinos de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este, no se convierta en un privilegio”

“Se certifica que la señora María Eugenia Sar se encuentra debidamente inscripta en el Registro de Cannabicultores de uso medicinal”, dice el documento que acredita que esta profesora de letras de 57 años podrá seguir cultivando cannabis para tratar el Síndrome de Tourette que padece su nieto Joaquín Navarro (9) de una manera legal.

El certificado fue extendido por el Consejo Asesor de Políticas relacionadas al Cannabis Medicinal que sella al pie con su particular logo: el tradicional símbolo de la actividad farmacéutica (una serpiente enroscada en un caduceo alado) con una hoja de cáñamo atrás.

Este cuerpo colegiado que gestiona el Registro y emite los certificados está integrado por representantes del municipio, de asociaciones civiles relacionadas a la investigación y uso medicinal del cannabis, usuarios, profesionales de la salud e investigadores de la temática.

“San Antonio Oeste es el único municipio que otorga permisos”, confirmó a Télam el coordinador del área de política de drogas de la Asociación Pensamiento Penal, Andrés Bacigalupo, quien está encabezando un estudio al respecto.

Según este especialista, hay otros siete que sancionaron ordenanzas sobre autocultivo que no están en funcionamiento: los bonaerenses de Lamadrid, Hurlingham, San Vicente, Rivadavia, Berazategui y Lomas de Zamora; y el rionegrino de Viedma.

“Somos el único municipio que hemos instrumentado esta cuestión y tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, mejorando lo que haya que mejorar porque la salud de las personas está por encima de cualquier apreciación personal”, dijo a Télam el intendente macrista Adrián Casadei cuyo gobierno reglamentó esta ordenanza sancionada bajo la anterior gestión, de extracción kirchnerista.

Todo comenzó con el revés judicial sufrido el 21 de junio del año pasado por Eugenia Sar, una grutense que en julio de 2018 había obtenido una medida cautelar que la autorizaba a cultivar cannabis con fines medicinales que luego fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.

“Y como el Estado Nacional nunca respondió la orden de otorgar el aceite, decidimos abandonar esa lucha judicial individual para enfocarnos en la legislación local, provincial y nacional, aprovechando el cambio de escenario con el nuevo gobierno”, explicó a Télam

Fue así como el grupo “Cannabis Terapéutico San Antonio-Las Grutas” que ella integra junto a decenas de otros usuarios, profesionales de la salud, investigadores y cultivadores; presentaron con el concejal Nicolás Rochas un proyecto para modificar la ordenanza municipal 5834, de modo que permita el autocultivo de cannabis medicinal

La ordenanza fue aprobaba a fines de 2019 y en virtud de ella, este grupo dedicado hasta entonces solamente a actividades de capacitación, difusión y concientización, pasó a integrar el “Consejo Asesor de Políticas relacionadas al Cannabis Medicinal”, un ente mixto que es el encargado de administrar el flamante Registro de Usuarias y Usuarios que otorga las licencias.

La norma faculta a “sembrar, cultivar o guardar cannabis medicinal en las cantidades que determine el médico tratante” a cualquier paciente o “familiar hasta el segundo grado” de una persona que presente patologías diagnosticadas por profesionales “con matrícula habilitante”.

“A tal fin, solo será requisito contar con la orden médica que indique la necesidad de someterse a un tratamiento a base de cannabis medicinal”, prosigue.

“La persona se presenta en la municipalidad con el certificado médico y con la declaración del domicilio donde va a cultivar y el Consejo Asesor le indica cuántas plantas puede tener de acuerdo con sus patologías, sus necesidades y el ratio entre cannabinoides (THC y CBD) indicado por el profesional tratante”, dijo.

Sar afirmó que gracias a la puesta en marcha del registro “hoy hay 41 familias cultivando tranquilas, sin miedo a nada en San Antonio Oeste”, al punto que “todos se quieren mudar acá”.

La mujer explicó que a diferencia del caso jujeño, donde el gobierno provincial autorizó a una empresa privada a cultivar cannabis con fines de exportación, el autocultivo “no es para hacer un negocio” y ponderó la calidad del producto artesanal porque “quien hace aceite para un familiar, lo hace lo mejor posible”.

Por su parte, la diputada nacional por Río Negro Ayelén Spósito recordó que el INTA tiene proyectado cultivar dos hectáreas de cannabis para estudios científicos y uso medicinal en la chacra experimental de Martín Guerrico, junto a la ONG Ciencia Sativa.

“La idea es tener una plantación grande para abastecer la producción pública de estos productos; pero mientras generamos este proyecto a gran escala, planteamos el autocultivo para que vayan teniendo el aceite quienes lo necesitan para seguir viviendo”, dijo esta médica clínica que era concejal en San Antonio cuando la aprobación de la ordenanza.

Por su parte, el abogado especialista Andrés Bacigalupo consideró que la puesta en marcha de estas ordenanzas “representa un avance democrático por parte de los municipios ante omisiones y retardos del gobierno nacional”.

“Y ahora el siguiente es pasar al nivel provincial porque éstas sólo han adherido a la ley de cannabis medicinal y hacen falta leyes que faculten a todos los municipios y sus ciudadanos para el autocultivo medicinal, así como cualquier forma de provisión por parte del Estado para aquellas personas que no deseen o no puedan cultivar”, dijo.