El juez Rodolfo Canicoba Corral ya ordenó las indagatorias.
Los exminisros están involucrados en la causa por las irregularidades en la concesión de la Panamerica, cuyo accionista era el Grupo Socma, y el Acceso Oeste.
Tras un año de investigación, finalmente los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri imputados por el negociado de los peajes serán indagados por la Justicia.
El juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso el llamado a indagatoria para el exministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; el exdirector de Jurídicos de esa dependencia, Ricardo Stoddart; el procurador del Tesoro y exabogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías y el presidente del directorio de Autopistas del Sol SA, Andrés Alfonso Barberis Martín.
El magistrado estableció, además, para todos ellos la prohibición de salida del país debido «al estado del proceso y la gravedad de las conductas que se investigan».
Los exfuncionarios y el empresario serán indagados por «maniobras defraudatorias», que, según el magistrado, resultaron «gravemente lesivas para las arcas del Estado».
El expediente que se abrió hace un año investiga serias irregularidades en la renegociación integral de los contratos de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste.
Ambos contratos fueron prorrogados por diez años más sin un llamado a una nueva licitación, como lo indica la ley.
El detalle no menor es que el grupo Socma (Sociedades Macri) era una de las accionistas de Ausol SA. El escándalo tiene tres aristas fundamentales:
El gobierno de Macri, a través de Dietrich, le reconoció una deuda de 499 millones de dólares a las concesionarias por supuestas inversiones no realizadas por el Estado.
El argumento para acceder al pago de la exhorbitante cifra fue que de esa manera la controlante de las firmas, la española Abertis, levantaría una demanda contra la Argentina que había iniciado ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial.
La hipótesis es que los concesionarios, en connivencia con los funcionarios macristas, armaron esa denuncia ficticia para justificar el cobro de ese dinero.
Macri, de la mano de los imputados Iguacel y Dietrich permitió aumentos siderales de las tarifas de peajes lo que derivó en que Socma SA, vendiera sus acciones a mediados de 2017 a precio récord.
La acción trepó de tres a 83 pesos, es decir, un 400 por ciento más.
Quien se quedó con el siete por ciento vendido por el entonces Presidente fue una empresa llamada Natal SA, sin antecedentes en el rubro y que pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales. La sospecha es que pudo haber sido una venta simulada.
Vialidad extendió los contratos que vencían en 2018 y 2020 hasta 2030 en forma directa y sin licitación. Todo, pese a que Autopistas del Sol (Panamericana) y Grupo Concesionarias del Oeste (Acceso Oeste) incumplieron los contratos y debían cifras siderales de multas.
La denuncia fue presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Adrian Grana y Carlos Castagneto.
A partir de allí, varios testigos y allanamientos ordenados por el juzgado Número 6 abrieron el camino para estas primeras indagatorias.
Los imputados
*Dietrich: El ex ministro de Transporte fue el máximo responsable de la renegociación de los contratos y de la entrega de los 500 millones de dólares. Fue el encargado de anunciar con bombos y platillos que Abertis levantaba la demanda contra la Argentina. Una posible gran puesta en escena para beneficiar a las firmas.
*Dujovne: Hacienda debió refrendar los contratos y no lo hizo. Es decir, hizo la vista gorda mientras Vialidad contrató a una consultora privada para esa tarea.
*Iguacel: Ex titular de Vialidad Nacional donde desplazó a funcionarios de carrera para ubicar a más de quince empresarios del rubro.
El expediente que se abrió hace un año investiga serias irregularidades en la renegociación integral de los contratos de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste.
Ambos contratos fueron prorrogados por diez años más sin un llamado a una nueva licitación, como lo indica la ley.
El detalle no menor es que el grupo Socma (Sociedades Macri) era una de las accionistas de Ausol SA. El escándalo tiene tres aristas fundamentales:
El gobierno de Macri, a través de Dietrich, le reconoció una deuda de 499 millones de dólares a las concesionarias por supuestas inversiones no realizadas por el Estado.
El argumento para acceder al pago de la exhorbitante cifra fue que de esa manera la controlante de las firmas, la española Abertis, levantaría una demanda contra la Argentina que había iniciado ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial.
La hipótesis es que los concesionarios, en connivencia con los funcionarios macristas, armaron esa denuncia ficticia para justificar el cobro de ese dinero.
Macri, de la mano de los imputados Iguacel y Dietrich permitió aumentos siderales de las tarifas de peajes lo que derivó en que Socma SA, vendiera sus acciones a mediados de 2017 a precio récord.
La acción trepó de tres a 83 pesos, es decir, un 400 por ciento más.
Quien se quedó con el siete por ciento vendido por el entonces Presidente fue una empresa llamada Natal SA, sin antecedentes en el rubro y que pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales. La sospecha es que pudo haber sido una venta simulada.
Vialidad extendió los contratos que vencían en 2018 y 2020 hasta 2030 en forma directa y sin licitación.
Todo, pese a que Autopistas del Sol (Panamericana) y Grupo Concesionarias del Oeste (Acceso Oeste) incumplieron los contratos y debían cifras siderales de multas.
La denuncia fue presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Adrian Grana y Carlos Castagneto.
A partir de allí, varios testigos y allanamientos ordenados por el juzgado Número 6 abrieron el camino para estas primeras indagatorias.
Los imputados
Dietrich: El ex ministro de Transporte fue el máximo responsable de la renegociación de los contratos y de la entrega de los 500 millones de dólares.
Fue el encargado de anunciar con bombos y platillos que Abertis levantaba la demanda contra la Argentina. Una posible gran puesta en escena para beneficiar a las firmas.
Dujovne: Hacienda debió refrendar los contratos y no lo hizo. Es decir, hizo la vista gorda mientras Vialidad contrató a una consultora privada para esa tarea.
Iguacel: Ex titular de Vialidad Nacional donde desplazó a funcionarios de carrera para ubicar a más de quince empresarios del rubro.
Saravia Frías: el histórico abogado de la familia Macri fue nombrado como procurador del Tesoro tras el desplazamiento de Carlos Balbín, quien debió dejar su cargo luego de defender los intereses del Estado ante la demanda de las empresas de peajes en el Ciadi.
Cuando Saravia Frías asumió el cargo la estrategia ante el tribunal tuvo un sorpresivo giro, con el aval del acuerdo que benefició a las concesionarias sin que haya habido ni una sola audiencia ante esa instancia internacional.
Stoddart: antes de ocupar la silla de Jurídicos de Vialidad tuvo un importante recorrido en el sector privado. Fue socio de Marval, O’Farrel & Mayral, el estudio que representó jurídicamente a Autopistas Del Sol SA y al Grupo Concesionario del Oeste, hasta el 10 de diciembre de 2015, cuando pasó al otro lado del mostrador. Ya como funcionario público, debió representar los intereses del Estado en la renegociación de los pliegos para los holdings de los que él formaba parte y que consiguieron los amplios beneficios.
Barberis: Presidente del Directorio de Autopistas del Sol y GCO. Hasta el momento es el único empresario imputado formalmente. Firmó los acuerdos de negociaciones que luego fueron aprobados.
Las indagatorias aún no tienen fecha de realización y serán por videoconferencia, debido a las medidas de aislamiento por la covid-19.
Desde el juzgado advierten que son sólo los primeros llamados, por lo que la lista de imputados se ampliará.
Fuente: Página 12
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