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Lo acusan por su cercanía al ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Destéfano, y su rol en la «mesa judicial». Cambiemos contraataca con causas similares durante el kirchnerismo.

Este martes, mientras el juez de Lomas de Zamora Federico Villena ordenaba 22 detenciones a presuntos partícipes de una red de espionaje ilegal que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri, se esperaba que asistiera al Congreso Juan Sebastián De Stéfano, ex director de asuntos jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La vuelta al confinamiento total en el área metropolitana obligó a suspender la reunión de la bicameral que fiscaliza los organismos de inteligencia y hace un mes recibe testimonios de implicados en la causa del polémico Villena, iniciada por un abogado que acercó un narcotraficante y aportó pruebas de persecuciones a políticos que hacía para la AFI.

Algunos de los ex espías detenidos habían sido citados al Congreso y no quisieron ir, como la ex secretaria de Macri Susana Martinengo; mientras que Jorge «Turco» Sáenz, un ex inspector de la policía metropolitana que recaló en la AFI en 2016, mencionó a varios de los que terminaron tras las rejas y ya lo mencionan como el futuro arrepentido.

Implicó a Daiana Romina «Bucky» Baldassarre, una ex agente que habría colaborado en la elaboración de audios; pero no evitó que retuvieran a su hija María Belén Sáez, que era empleada administrativa.

Como Martirengo, Alan Ruiz, ex director de operaciones de la AFI, se habían negado a dirimir en la bicameral en cuarentena por prescripción médica y fue detenido hace diez días, aunque por otra causa que también se instruye en Lomas de Zamora e investiga el espionaje ilegal al Instituto Patria, sede política de Cristina Kirchner hasta diciembre.

Los legisladores planean visitar a Ruiz en la alcaidía, si es que no los conforma la declaración que brindó ante el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

Pero antes quieren escuchar a Destéfano, el amigo de Daniel «El Tano» Angelici, ex presidente del Boca y reconocido como operador judicial en Comodoro Py, tanto por el kirchnerismo y como por Elisa Carrió, quien lo corrió de escena siempre que pudo.

Angelici es un jugador difícil pero muy buscado por el kirchnerismo. Está incluido en la denuncia sobre una supuesta mesa judicial dedicada a armarle causas judiciales a Cristina, aunque no tenía cargo oficial. Tanta obsesión en él hay que el abogado de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, dijo anoche a C5N que sería uno de los próximos detenidos y el primero de esa causa.

Se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces para fallar en su contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y la vicepresidenta le recriminó a Horacio Rodríguez Larreta que lo siga sosteniendo.

A Destéfano le espera un largo interrogatorio después de la cantidad de veces que lo mencionó en su declaración del último viernes en la bicameral el ex director de contrainteligencia Martín Coste, quien reemplazó en 2018 a Diego Dalmau Pereyra, sucesor del mítico Jaime Stiuso y otro de los detenidos esta tarde, pese a los esfuerzos que hizo Sáenz en el Congreso para despegarlo del espionaje ilegal y a su enredada declaración que logró cansar a los oficialistas. «Era un profesional», repetían.

Tampoco evitó las rejas Mercedes Funes Silva: no le sirvió la carta en la que implicó a Ruiz y a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el espionaje ilegal, pero aseguró que jamás formó parte de una operación. No le creyeron demasiado.

Ante los legisladores, Coste definió al amigo del Tano como un personaje central en la AFI macrista. «La dirección de Asuntos Jurídicos siempre fue un apoyo de las otras áreas, con cinco empleados y dos abogados históricos de carrera, que eran Maritré y Padilla. Con Arribas se crearon como 30 direcciones y se convirtió en una base operativa», describió a LPO uno de los legisladores presentes en la bicameral.

Contó que ni bien asumió como director de contrainteligencia supo del espionaje al Instituto Patria y cuando le preguntó a Majdalani involucró a Destéfano. «El corazón de la agencia pasaba por la Dirección de Asuntos jurídicos y esa butaca se la dieron a Angelici», interpretan en el oficialismo.

Su misión, entienden, era lograr anclaje legal para los seguimientos a dirigentes, tal como se desprende de algunos audios de Ruiz que están en manos de Villena. «Cualquier escucha o tarea de inteligencia necesita la orden de un juez y Destéfano era el encargado de conseguirla», reconstruyen.

Su nombre llegó a los medios hace un año, cuando el ex juez de Avellaneda Luis Carzoglio lo mencionó junto a Fernando Di Pascuale como los agentes de la AFI que irrumpieron en su despacho para exigirle que detuviera a Hugo Moyano.

Carzoglio se resistió, el procurador bonaerense Julio Conte Grand lo denunció por «abuso de autoridad» y el jurado de enjuiciamiento de la Provincia lo suspendió. Hace un año, ante la bicameral de inteligencia, Arribas y Majdalani reconocieron que le enviaron emisarios y lo justificaron en que una detención del líder camionero podría provocar desmanes y debían saberlo a tiempo.

Aunque siempre en las sombras, Angelici aparece en otros capítulos de la disputa que libra Cristina con la justicia. Fue mencionado por el ex director de la Unidad Amia Mario Cimadevilla como quien bajaba las órdenes para que el Estado se retirara de la querella contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en la causa de encubrimiento del atentado a la mutual judía. Ambos fueron condenados.

«Yo nunca lo vi, pero cuando estaba en la Magistratura todos comían asados con él. Tal vez hablaban de Boca», ironizó el radical en el Senado. Durante el mismo debate de comisión, el senador kirchnerista Oscar Parrilli anunció que crearía una bicameral para investigar qué pasó. Aún no envió el proyecto.

Este lunes, el tano ganó las páginas deportivas y políticas por los audios con conversaciones entre Marcelo Tinelli y Julio Grondona en 2013 difundidos por el periodista Jorge Lanata, quien informó que habían sido ordenadas por el ex juez federal Norberto Oyarbide, que renunció en 2016.

Tinelli sugirió que pudo haberle dejado las escuchas a Angelici, que no referían a la causa que se investigaba y por lo tanto debieron destruirse. Parrilli aprovechó para volver a pedir que la Corte Suprema no controle más las escuchas. Este martes, Cristina y Sergio Massa firmaron una resolución para que una subcomisión del Congreso colabore con la custodia del material que soliciten los jueces para sus investigaciones.

El juzgado de Oyarbide recién se cubrió en 2019 con María Eugenia Capuchetti, votada en el Senado por un sector del peronismo y el rechazo de Cristina, que todavía tenía una banca en esa Cámara. Sería otra comensal de los asados de «El Tano», a quien conocería de su paso como directora de la oficina de enlace del Ministerio Público Fiscal porteño cuando era procurador Martín Ocampo. En Cambiemos confían en ella y especulan con que podría reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra la ahora vicepresidenta.

Pero el contraataque a las detenciones no vendría por ese lado, sino por las causas por espionaje ilegal de antes de 2015 y aún vigenes en Comodoro Py y con presentaciones cajoneadas ante la bicameral. Servirían para señalar que el espionaje ilegal no lo ordenan los presidentes, aunque la AFI depende de ellos, sino bandas de espías que nadie pudo controlar.

Algunos ejemplos serían «Proyecto X», una unidad especial de Gendarmería para espiar; seguimientos a periodistas y artistas detectados por Arribas cuando llegó o la denuncia del ex jefe de la Side Ángel Toma en 2006, sobre un auto y un fotógrafo que lo registraban cuando entraba y salía a su domicilio. Pronto se hablará de esos sucesos. Antes, esperan a Destéfano.

FUENTE: LPO