La CTA Autónoma denuncia la extorsión que las empresas de servicios públicos están llevando adelante con millones de usuarios/as en todo el territorio de nuestra Nación omitiendo normas dictadas por los organismos de control para evitar abusos.
Las facturas que están llegando a los hogares, comercios e industrias tienen valores inauditos para usuarios/as que no consumieron gas ni luz o lo hicieron en escalas muy inferiores o cuyo consumo fue levemente superior en telefonía fija, móvil, Internet y TV por cable.
En efecto, tanto el Enargas como el ENRE comunicaron a las distribuidoras de gas natural y a Edenor y Edesur la mecánica que deben utilizar para la facturación en este período de cuarentena en la que no puedan tomar el estado del medidor en forma presencial o remota. En algunos casos, exige a las empresas prestatarias que no cuenten con tele medición o toma estado, se aplique en la factura el menor consumo registrado en los último TRES (3) años previo a la emisión de la factura correspondiente al mismo periodo estimado, hasta tanto se cuente con lecturas reales de los medidores de facturación. En otros casos, insta a las concesionarias a utilizar aplicaciones, sitio web u otras herramientas informáticas que pudieran habilitar a fin de que los usuarios/as emitan declaraciones juradas con el consumo real, en caso de ser nuevos usuarios/as, o con datos históricos de consumo menor a un año.
Sin embargo, las empresas enviaron facturas onerosas valiéndose de diferentes argucias: modificación de las fechas de facturación en el caso de grandes prestatarias, cobro de fuertes recargos en servicios que -insólitamente- tuvieron serias deficiencias (navegación de internet, telefonía celular), o importantes incrementos en servicios adicionales que prestan las cooperativas de servicios públicos (sepelios, saneamiento, cloacas, sistema Municipal de Bomberos Voluntarios, etc.) y que se incluyen en la boleta mensual o bimestral.
Por estas razones, la CTA Autónoma exige que los usuarios/as afectados vean resarcidos sus derechos por dos vías; devolución de lo facturado de más, en caso de haberla abonado; y prohibición de suspensión o corte del servicio por falta de pago, en caso de no haberla abonado ente semejantes montos ilegítimamente facturados hasta que las empresas refacturen los consumos. Como sabemos las normas dictadas por el Poder Ejecutivo prohíben los cortes a los usuarios/as en condiciones más vulnerables, pero no contempla estas nuevas situaciones que “inventaron” las empresas de servicios públicos en la Argentina.
Desde la CTA Autónoma sostenemos la necesidad de la creación de una mesa de trabajo en la que participen los usuarios/as, las organizaciones sindicales, las empresas, el Estado y los especialistas para reconfigurar la prestación de los servicios públicos, cuyas concesionarias fueron parte de los grandes ganadores de los últimos años a costa del bolsillo de millones de usuarios/as y con supuestas inversiones que cobraron, pero que, en muchos casos, no realizaron adecuadamente.
DORA MARTÍNEZ PABLO MICHELI
Secretaria Adjunta Secretario General
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