Un grupo de abogados penalistas elevaron un conjunto de recomendaciones a magistrados con el objetivo de reanudar progresivamente las labores de tribunales y juzgados.Marte Nercellas, una de las impulsoras, dialogó con Diario Judicial al respecto.
Debido a la feria judicial extraordinaria decretada por la pandemia del COVID-19, un grupo de abogados penalistas se unieron para elaborar y recomendar modalidades de trabajo que «no pretenden cambios sustanciales ni buscan ser sofisticadas, sino tan sólo prácticas, realistas y posibles» y permitirán el reanudamiento progresivo del servicio de justicia.
Entre los firmantes se encuentran letrados como Marcos Salt, Mariana Barbitta, Fernando Díaz Cantón, Marta Nercellas, Manuel Romero Victorica, Oscar Salvi y Miguel Bronfman, que dirigen sus peticiones a todos los jueces de Tribunales de Alzada con facultades de superintendencia: Cámaras de Casación y de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Federal y Penal Económico.
«Es esencial que toda comunicación entre órganos judiciales y abogados, toda notificación por cualquier vía, y todo acto procesal realizado por los medios alternativos que se propician, aseguren la preservación de derechos y garantías judiciales de órbita constitucional, la presunción de inocencia, la protección de quienes se presenten como víctimas, el cuidado de menores, la seguridad de testigos, la igualdad de armas, la igualdad ante la ley, y el trato decoroso debido entre magistrados y abogados», señala el documento, al que accedió Diario Judicial.
Diario Judicial dialogó en exclusiva con Marta Nercellas, una de las impulsoras del pedido, quien expresó que, a pesar del contexto, «la regla debe ser continuar con la tarea con todas las excepciones y modalidades que impone la emergencia sanitaria. Priorizar la salud de todos : empleados, funcionarios y litigantes creemos que no debe significar necesariamente paralizar todo el sistema y que la única excepción sean los temas de libertades o medidas cautelares. En penal casi todo debe merecer trato urgente.Víctima, victimario y la sociedad necesitan que el conflicto sea resuelto en el menor tiempo posible».
Consultada sobre las dificultades que enfrenta el fuero frente a la pandemia, la letrada destacó que no cuentan con los medios adecuados para administrar justicia y «se necesita una plataforma digital segura por la materia que se trata, versátil ,que permita la interactuación de las partes con los jueces, y funcionarios y con la capacidad de banda necesaria. Un desafío mayúsculo lo representan las Fiscalías, que tienen delegadas investigaciones en curso, y no cuentan con un sistema digital propio».
Si bien la tecnología ganó terreno y el Poder Judicial implementó medidas para optimizar el trabajo, Nercellas explicó que en el fuero penal «el trato directo entre profesionales, tanto entre los que deciden como entre quienes litigan y el que se tiene con los particulares que deben intervenir en alguno de los roles del proceso, es muy importante. Cada caso es singular, y no se debe deshumanizar las implicancias sobre cada justiciable; la preservación de derechos y garantías individuales es esencial y su cuidado cuando falta la inmediatez física implica mayor dedicación».
«La relación personal entre los distintos operadores del sistema siempre será insustituible. Pero esto que es lo ideal pero no puede ser un obstáculo insalvable cuando existe una emergencia como la que hoy atravesamos. En esta situación excepcional , continuar con la tarea es imprescindible y necesario para la salud de los individuos y de la república . Esta excepcionalidad requiere adaptación de todos y los medios digitales en algunos casos y los actos presenciales cuidando todas las normas que las recomendaciones sanitarias aconsejan deben reglamentarse para logra el objetivo de continuar la tarea», ahondó.
Para Nercellas y el resto de los abogados resulta importante «ser parte de la solución y no un problema por eso intentamos dialogar con todos para que cada uno dentro de sus posibilidades colabore para que sumemos a los asuntos de feria todos aquellos que podemos resolver con el empeño y esfuerzo de todos».
Los firmantes destacaron que es de suma importancia la comunicación abierta, clara y dinámica de tribunales y juzgados con los abogados; que las partes puedan acceder a la totalidad de las actuaciones y que los expedientes estén digitalizados completamente.
Otras de las propuestas que aparecen son: audiencias testimoniales por vía remota; que puedan celebrarse juicios que no sean complejos (como abreviados o audiencias de probation) de manera online; y reestablecer las prioridades sobre que casos tramitar, que actualmente están centrados en las causas de personas privadas de su libertad.
Además, que se digitalicen integralmente las actuaciones, que se habiliten como usuarios en el sistema Lex 100 a las Fiscalías de manera que puedan cargar sus dictámenes; la habilitación de una dirección de correo electrónico en cada dependencia judicial, a la que puedan dirigirse escritos «con firma digital o sin ella» pero con la mención del firmante y en PDF.
Entre otras cuestiones que hacen a la comunicación de las distintas dependencias con las partes, los abogados sugirieron la Habilitación de una línea telefónica en cada dependencia judicial o incluso la incorporación de chats o herramientas de mensajería instantánea «para agilizar diligencias o actos procesales que requieran presencia, conformidad o noticia a las partes, o de su colaboración». Incluso el envío a través de esas plataformas de distintas comunicaciones.
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