La sesión especial está convocada para el jueves y se espera que la oposición acompañe en general la propuesta, pero pida cambios en el debate en particular.
El Senado avanzará esta semana en la sanción del proyecto de ley para reformar el régimen de jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, en una sesión especial en la que la oposición acompañaría en general la propuesta, pero pediría cambios en el debate en particular.
El presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador Daniel Lovera, declaró que esperaba que la oposición «acompañe en general» el proyecto durante el tratamiento en el recinto, el jueves al mediodía, luego de que en en el plenario de comisiones del jueves último los legisladores de Cambiemos dijera que compartían «el espíritu» de la norma.
La presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, formalizó la convocatoria de la sesión para el jueves, cuyo único proyecto en tratamiento será el de las jubilaciones especiales.
El Frente de Todos -que cuenta con el número suficiente de senadores para aprobar el proyecto- consiguió el dictamen en un plenario de comisiones del Senado, donde la oposición rubricó un dictamen en minoría con pedidos de cambios en algunos artículos.
El texto del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial del sector, que hoy es del 82% del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.
Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder, en el caso de los hombres, al beneficio jubilatorio, pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.
Para acceder a este régimen deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma ininterrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.
Para el jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, «hay un núcleo de coincidencias» con la propuesta del oficialismo, pero advirtió que «en lo esencial no cambia nada más que el sistema de actualización de remuneraciones», y recriminó que puede provocar «un vaciamiento» del Poder Judicial.
En el plenario del último jueves, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, argumentó que el objetivo del Gobierno es «reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional» y aclaró, ante cuestionamientos de la oposición, que no busca «expulsar jueces».
«La verdad es que se trata de una reforma prudente y si esto provoca un éxodo nos preocupa. Es un exceso de sensibilidad», opinó el funcionario.
El Interbloque de Cambiemos consideró que no avalaba que la reforma se haga «a toda velocidad y a los empujones» y marcó «errores» de la norma aprobada en Diputados.
En el plenario de comisiones, tanto la oposición como los representantes de asociaciones de jueces y fiscales cuestionaron específicamente la derogación de incisos del artículo 16 de la ley que permite que magistrados jubilados puedan cubrir vacantes en tribunales.
La Asociación Internacional de Jueces consideró hoy como «preocupante» el proyecto del gobierno sobre reforma jubilatoria de magistrados y diplomáticos al advertir que se trata de «un claro avasallamiento a la independencia del Poder Judicial».
«Consideramos imprescindible un diálogo entre todos los organismos involucrados, con el tiempo necesario y la seriedad acordes con toda toma de decisiones exigibles del orden democrático y republicano», manifestó la organización en un comunicado.
Esta semana, el gobierno nacional aceptó la renuncia de otros seis jueces y tres vocales, en el marco de las dimisiones que se vienen dando en la justicia luego de que el presidente Alberto Fernández enviara al Parlamento el proyecto de ley.
Los renunciantes fueron de la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 14 de la Capital Federal, Beatriz Teresa Bistué; el juez del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 30, Jorge Adolfo López; y el juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 3, Miguel Angel Caminos.
También fueron aceptadas las renuncias del titular del juzgado nacional de primera instancia en lo Civil y Comercial federal 6, Francisco de Asís Leonardo Soto; el juez del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 14, Ricardo Luis Farías; y el juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal federal 6, Julio Luis Panelo, todos de la Capital Federal.
