El traspaso de terrenos a la Ciudad fue objetado por del departamento jurídico de la empresa Playas Ferroviarias.
El gobierno nacional firmó un convenio para transferir las playas ferroviarias de Palermo y Caballito en contra de la opinión del departamento jurídico de la empresa que las administra.
El ex titular del AABE, Ramón Lanús, avanzó con el traspaso cuando le habían advertido que era una maniobra prohibida por «el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno».
Los resultados de las primarias de agosto de 2019 dejaron al macrismo muy cerca de perder el gobierno nacional. Fueron varias las reparticiones que comenzaron a apurar procesos que se volverían muy dificultosos meses más tarde.
El traspaso de tierras fue uno de ellos. Nación había financiado parte de la construcción de viaductos con la venta de terrenos en la Ciudad. Tras el cambio de zonificación en la Legislatura los terrenos salían a subasta. Pero la crisis impidió que varias de esas parcelas se comercializaran. Para no dejar a Horacio Rodríguez Larreta con un agujero financiero, Macri decidió compensarlo entregándole las tierras.
En el caso de la playa ferroviaria de Palermo el estado nacional en acuerdo con la Ciudad decidió desarrollar un proyecto inmobiliario en tres etapas intercalado con un parque lineal a cargo de ATV Arquitectos. Las primeras subastas se realizaron a fines de 2017 y los lotes se vendieron por casi 12 millones de dólares.
Para financiar el costo de la segunda y tercera etapa de la iniciativa, Nación firmó un convenio para transferir 8 lotes top cuya venta cubriría los gastos de infraestructura. Sin embargo la Sociedad del Estado Playas Ferroviarias aconsejó no suscribir ese acuerdo porque se encuadraban en una serie de comportamientos «excepcionales» y prohibidos por la ley.
La empresa, que está dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y pertenece en un 95% al ANSES y 5% a la Agencia de Bienes, no recibiría dinero por la cesión, sino que el «producido de las ventas» iría íntegramente a financiar las obras.
En una nota del 10 de octubre de 2019, desde el departamento jurídico le explica a Lanús que la transferencia de esos inmuebles se encuadraba dentro de las excepciones prohibidas por la ley. Además de titular de la Agencia de Bienes, Lanús era presidente de Playas Ferroviarias Sociedad del Estado.
La transferencia implicaba una descapitalización de la empresa y además no estaba en el presupuesto de 2019. Además se preguntan por el cambio de estrategia, que pasó de la subasta de inmuebles a una cesión sin cargo para la Ciudad. «Estamos en presencia de un pago anticipado de obras que no se han llevado a cabo», explican en la nota.
«La Sociedad estaría pagando la suma de U$S36.000.000, equivalentes a $2.160.000.000 tomado la cotización del dólar Banco Nación de US$1=$60, un valor significativo para las obras en cuestión», protestaron desde Playas Ferroviarias.
Sin embargo Lanús decidió avanzar a pesar de las recomendaciones y firmó un convenio con la Ciudad. Pero la Legislatura nunca los refrendó porque el radicalismo se negó a votar el proyecto y por eso la Nación podría volver atrás con las cesiones.
«Va a ser difícil que el proyecto de Palermo Green se caiga, pero lo más probable es que entre en la negociación con Nación», dijo una calificada fuente capitalina.
De todas formas el convenio puede transformarse en una grave problema para Lanús, que ya había desoído una recomendación de la SIGEN para no avanzar con la concesión del Paseo de la Infanta, que un día antes del fin del mandato de Cambiemos quedó en manos de un empresario cercano a Macri.
