Por Mario Alberto Juliano*
Existe una generalizada coincidencia que el Código Penal sancionado hace casi cien años (en 1921) debe ser reformado o, si se quiere, que la República Argentina debe darse un nuevo Código Penal, acorde con los tiempos actuales. Es que el texto vigente ha sido objeto de innumerables reformas que le han hecho perder su sistematicidad y coherencia interna, y que también se han sancionado innumerables leyes penales especiales, que abordan cuestiones puntuales, que han hecho perder de vista el ideal codificador: tener en un solo texto las normas penales, que posibiliten a legos y entendidos un rápido acceso a la legislación sancionatoria.
La palmaria demostración de la generalizada coincidencia de la necesidad de la reforma es que en 2012, la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner designó una comisión presidida por Eugenio Raúl Zaffaroni e integrada por María Elena Barbagelata, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian, a quienes encomendó la redacción de un nuevo Código Penal que, finalmente, no alcanzó a tomar estado legislativo.
Lo propio ocurrió en 2017, cuando el ex presidente Mauricio Macri volvió a crear una nueva comisión con el mismo propósito, esta vez presidida por Mariano Borinsky e integrada por Guillermo Yacobucci, Carlos González Guerra, Pablo Turano, Pablo López Viñals, Carlos Mahiques, Víctor Vélez, Patricia Llerena, Yael Bendel, Fernando Córdoba, Patricia Ziffer y Guillermo Soarez Gaché. En esta ocasión el proyecto tomó estado legislativo, pero nada parece indicar que vaya a merecer su tratamiento por las Cámaras.
En esta temática siempre se puede decir algo nuevo o diferente, pero no creo que valga la pena hacer el esfuerzo que significaría elaborar un nuevo texto. Los proyectos de 2012 y 2017, además de ser relativamente recientes, han sido elaborados por juristas de reconocida trayectoria que, en buena medida expresaron las ideas de los momentos políticos en que fueron redactados. Ambos proyectos tienen sus defectos y virtudes, de acuerdo a la posición del observador.
Pero, quizá, este escenario pueda representar una oportunidad para que nazca un texto que nos represente a todas y todos y, finalmente, pueda tener consagración legislativa.
La propuesta concreta es que el presidente Alberto Fernández conforme una Comisión Mixta, integrada por tres representantes de cada una de las comisiones anteriores (la de 2012 y la de 2017) para que, en un plazo de ciento ochenta días, eventualmente prorrogable por otros noventa días (los plazos son los que a mí se me ocurren) consensuen un texto único sobre la base de sus respectivos proyectos.
Tengo la convicción que las y los integrantes de ambas comisiones, por encima de coincidencias y/o discrepancias, son juristas de alta calificación profesional, con indiscutibles trayectorias, absolutamente competentes para realizar una tarea de esta índole. Si, eventualmente, existiesen puntos sobre los que no se pudieran lograr acuerdos, los mismos deberían quedar sometidos al tratamiento legislativo, previo debate ciudadano por otro período de ciento ochenta días.
Una iniciativa de esta índole, que probablemente permitiría darnos el nuevo Código Penal, parecería estar en sintonía con la impronta del gobierno nacional, y de buena parte de la ciudadanía, de la búsqueda de acuerdos y consensos en los temas comunes que conciernen al conjunto de la sociedad.
*Juez penal y Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal
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