Por pedido de Alberto se retirarán más de 100 pliegos congelados, la mayoría de Buenos Aires. Ramos Padilla tiene el camino allanado para ser juez electoral. Góndolas, embajadores y ley de conocimiento, también a extraordinarias.
Alberto Fernández pidió que en la próxima sesión del Senado se retiren los más de 100 pliegos judiciales enviados por Mauricio Macri al Senado, algunos con dictamen de comisión.
Fue una dura pelea que la vicepresidenta dio en 2019, cuando denunció que Macri había copado los Tribunales con jueces afines y con mucho esfuerzo fue logrando que sus entonces colegas del PJ desecharan al menos a una parte de los que restaban tratarse.
En realidad, su bronca era porque el ex presidente fue de los que más facilidades tuvo para cubrir vacantes judiciales. Dominaba el Consejo de la Magistratura por el respaldo de jueces y abogados y el entonces jefe del PJ Miguel Pichetto le juntaba los votos que le faltaban en el Senado.
Su principal aliado era Rodolfo Urtubey, presidente de la Comisión de Acuerdos, quien intentó en sus últimos meses nombrar un centenar de magistrados pero fue chocando con un nuevo escenario político. Muchas veces, por picardía de Pichetto, los senadores peronistas recién conocían los pliegos cuando se votaban a mano alzada en plena sesión y llevaban su furia a las reuniones de bloque.
En abril, Cristina y Omar Perotti lograron frenar nombramientos de Santa Fe y Buenos Aires, entre ellos el del entonces director de Escuchas Judiciales (Dajudeco) Juan Tomás Rodríguez Ponte, propuesto para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.
Un mes más tarde, a días de anunciarse la fórmula Alberto-Cristina, los senadores del PJ se le plantaron a Pichetto y le impidieron tratar otro largo listado de pliegos. «¡Siempre gana La Cámpora!», los cruzó el rionegrino en su última reunión como jefe. A la semana anunció que sería compañero de fórmula de Mauricio Macri.
En julio, en la primera sesión del Senado con el Frente de Todos en campaña, Cristina le pidió ayuda a Alberto para que los acuerdos quedaran fuera de la sesión, pero aun así se trataron 14. Cuando se iban a votar, la ahora vicepresidenta se fue en señal de protesta.
Algunos radicales especulaban con una negociación porque Alberto los necesita para nombrar un procurador general, que por ahora se niegan a avalar. El primer punto de la prórroga de sesiones extraordinarias les quitó las esperanzas: «Retiro de los mensajes mediante los cuales se solicitó acuerdo para la designación de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación», señaló.
La lista de vacantes tiene muchos juzgados criminales y civiles de Buenos Aires pero también quedaron pendientes varios de la Ciudad y del norte del país. En un último intento, Cambiemos había propuesto hace unos meses aprobar al menos los juzgados menos conflictivos de provincias chicas, que son difíciles de cubrir con suplencias. Cristina no aceptó.
En el oficialismo del Senado aclararon que el retiro de los pliegos es «un uso y costumbre» de los gobiernos recién asumidos, aunque suelen esperar hasta marzo, cuando se inician las sesiones ordinarias. Volverán al Ministerio de Justicia, que así tendrá otra vez las ternas para elegir junto a Cristina, dueña de los votos en la Cámara alta.
La Comisión de Acuerdos la presidirá su mano derecha Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque Todos y encargada de llevar los tiempos de la sesión. Deberá reunirla en los próximos días para realizar las audiencias de los candidatos a embajadores, otro de los pedidos de Alberto para tratar en febrero.
Uno de los pliegos más emblemáticos es del juzgado federal 1 de La Plata, con competencia electoral y a cargo de controlar los comicios de la provincia de Buenos Aires, nada menos que el 40% de padrón del país y que elige sus autoridades siempre en simultáneo con las nacionales. Está vacante desde 2014 y por sus oficinas pasan las boletas sábanas que definen los ocupantes de la Casa Rosada.
Macri envió el pliego del platense Laureano Durán pese a que el concurso lo había ganado Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores que investigó la red de espionaje ilegal y dejó contra las cuerdas al fiscal Carlos Stornelli. Como anticipó LPO, el único premio que pidió a sus allegados del kirchnerismo es trabajar en La Plata y su futuro depende de Alberto y Cristina. «Sólo reclamo lo que me gané», sacó chapa de sus notas altas.
También retornará el pliego del juez federal Daniel Rafecas para la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, enviado por Macri a pocos días de perder las elecciones presidenciales. Su plan original era liberar una oficina de Comodoro Py y dársela a algún abogado afín y dio el primer paso aún después de perder.
Alberto propuso a Rafecas como procurador general de la Nación y si pasa el filtro de la oposición deberá promover como camarista en algunos de los jueces derrotados en el concurso: Adrián Norberto Martín, Patricia Marcela Llerena, Mauro Antonio Divito, Fernando Mario Caunedo o Alberto Huarte Petite.
La ministra de Justicia Marcela Losardo revisará cada terna para elegir qué juzgado o defensoría es preferible cubrir y con quién, o si vuelven a apelar a las subrogancias como en el último gobierno de Cristina, un método muy cuestionado por la oposición de entonces.
Cualquier camino le conviene antes que llamar a concursos porque el Consejo Magistratura está en un virtual empate entre oficialistas y opositores y el voto decisivo lo tiene la diputada Graciela Camaño, quien si bien integra un bloque aliado de Roberto Lavagna casi no participa de las sesiones.
El llamado a extraordinarias se abocó a proyectos para el Senado, que el miércoles 5 sancionaría la ley de la deuda aprobada en Diputados. Incluyó el retiro de los pliegos de embajadores y de fuerzas armadas, que rara vez tienen objeciones; y de candidatos a controlar la Autoridad de la Competencia.
Alberto solicitó además tratar la ley de góndolas, aprobada en Diputados en diciembre, que limita al 30% la presencia de una marca en los estantes; una nueva ley de economía del conocimiento, modificada por un decreto que causó la reacción de la oposición; y la ley de capitales alternativas, una promesa de campaña que consiste en crear un gobierno itinerante por las principales ciudades del país.
Otro pliego solicitado es el la defensora del niño, Niños y Adolescentes, cuyo concurso fue ganado por Marisa Graham. Diputados la avaló pero el Senado nunca lo trató porque un grupo le recrimina su apoyo al aborto legal, entre ellos José Mayans, actual jefe del bloque de Todos.
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