El presidente Mauricio Macri fue denunciado por el «delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público» en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La denuncia penal, que alcanza a Nicolás Dujovne y Guido Sandleris fue realizada por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo.
A poco menos de una semana de dejar el poder, Mauricio Macri empieza a recibir una muestra de lo que podría ser un futuro complicado en términos judiciales. En este caso se trata de una denuncia que atañe al acuerdo establecido por el gobierno de Cambiemos con el organismo multilateral de crédito.
Claudio Lozano (Unidad Popular) y Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad) son quienes impulsan la acusacion contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Están acusados por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y de administración fraudulenta contra Administración Pública.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del juez Sebastián Ramos.
La acusación detalla que el 17 de octubre de 2018, el por entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, remitieron a la por entonces directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, un Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) y un Memorándum de Entendimiento Técnico.
Según especifica la denuncia “este segundo acuerdo con el FMI es inconstitucional porque debió necesariamente ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del Art. 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo, invocando una norma caduca como lo es el último párrafo del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera para ello”.
El escrito continúa: “En la denuncia se demuestra la irracionalidad y el daño que el acuerdo con el FMI (violatorio de la institucionalidad de nuestro país y de los propios Estatutos del organismo) ha producido sobre la economía y la sociedad argentina dónde se desprende con claridad la Administración Fraudulenta en la que ha incurrido el Presidente Mauricio Macri y sus funcionarios”.
El documento prosigue: “Desde el 22 de Junio del 2018 al 16 de Julio del 2019, ingresaron a la Argentina en ese período U$S 44.490 millones. Sólo se utilizaron para pagos de deuda por U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones. Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido”.
Para Lozano y Baldiviezo: “El FMI participó, de manera cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales. Régimen este que entró en crisis a comienzos del 2018 y que el FMI al hacer el acuerdo con la Argentina no solo no obligó a modificarlo, sino que facilitó su propio financiamiento para continuarlo”.
Y continúa diciendo que “en todo el período de Macri, la fuga superó los U$S 83.000 millones. La intervención del FMI es simultánea a la aceleración de la fuga de capitales. La devolución del crédito otorgado y absorbido en el fallido intento de reelección macrista debe ser devuelto de manera concentrada en el período 2020–2024. La acumulación de vencimientos con el organismo por un monto de U$S 51.039 millones en esos años define la inviabilidad financiera de la Argentina”.
El 1 de septiembre se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 609/2019. En cumplimiento de este Decreto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a través de la Comunicación “A 6770”, estableció los detalles de la implementación del «cepo» para personas físicas y empresas y los plazos para la liquidación de los dólares de exportación. El día 28 de octubre de 2019, un día después de las elecciones presidenciales, el Banco Central de la República Argentina endureció los controles cambiarios. Estableció un nuevo límite de 200 dólares mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en 100 dólares a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos. A todas luces surge la conciencia de los funcionarios de la necesidad de estas medidas para evitar la fuga de capitales pero por cuestiones de intereses electorales del presidente no se adoptaron en detrimento de la población argentina y de su economía.
La acusación plantea que “de la totalidad de estos dos expedientes no surge la existencia de ningún acto administrativo, decreto o resolución que autorice al Presidente Mauricio Macri o a cualquier de sus funcionarios, o que éste autorice a sus funcionarios a firmar un acuerdo con el FMI contrayendo una deuda que no tiene parangón en la historia de la Argentina. En el segundo acuerdo sólo existe un Memorándum firmado por Dujovne y Sandleris”.
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