Como «escalofriante» definió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), lo que está sucediendo en una amplía zona de la frontera entre Colombia y Venezuela azotada por la violencia.
En un informe titulado «La guerra en el Catatumbo», la ONG dio cuenta de desplazamientos, desapariciones, asesinatos y reclutamiento de niños cometido por el grupo guerrillero ELN, una organización mafiosa llamada «los Pelusos» o EPL y los disidentes de las FARC.
Basados en cifras oficiales como que 40.000 personas fueron desplazadas en el Catatumbo entre el 2017 y el 2018, además de los 343 asesinatos en esos dos años, HRW viajó a la zona y entrevistó a decenas de personas que evidenciaron esa tragedia humanitaria.
Tragedia que tiene, según Vivanco, a menores de edad en condición de «esclavitud» al servicio de narcotraficantes laborando como recolectores de hoja de coca, a mujeres venezolanas prostituyéndose por dos dólares y a un Estado ausente que solo se preocupa por proteger instalaciones petroleras o intereses económicos.
«Es una situación escalofriante y cuesta creer que ese territorio sea parte de Colombia», puntualizó hoy el director de la organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos.
El Catatumbo, donde se registran todas atrocidades, es una subregión que abarca 11 municipios del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, una zona donde se estima han llegado unos 25 mil venezolanos huyendo de la crisis de su país.
Esa área es considerada como «corredor estratégico» para los grupos armados irregulares y narcotraficantes, posee amplías zonas sembradas de hoja de coca y allí la presencia del Estado es más que débil.
El Catatumbo fue uno de los sitios ubicación estratégicos de las FARC, pero tras la firma de los acuerdos de paz en 2017 y la salida de las unidades que allí operaban se creó un vacío de mando y se desató una guerra entre ELN, EPL o «Pelusos» y disidentes que ahora buscan controlar ese territorio.
«La presencia militar es importante pero por sí sola es insuficiente. Buena parte de esa presencia está dedicada a proteger las instalaciones petroleras y la inversiones en la zona; la población está indemne, a su suerte y el tipo de atrocidades que se cometen son gravísimas y van en aumento», denunció Vivanco.
El informe enfatizó que los venezolanos se han convertido en el blanco fácil de toda esa situación y objeto de violencia, en parte porque desconocen la legislación local y porque no tienen a dónde más ir.
«Es difícil medir la magnitud de los abusos sufridos por los venezolanos afectados por el conflicto armado en el Catatumbo», resaltó el estudio, que denunció que la Fiscalía investiga 770 homicidios ocurridos en esa zona y hasta ahora solo dos personas fueron condenadas.
«Allí no hay justicia y no hay amparo», criticó Vivanco, cuya organización le pidió a Bogotá desplegar toda su capacidad para respaldar a la justicia, establecer una ruta para la acción de los militares y buscar «respuestas rápidas» a denuncias en terreno. (ANSA).
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