El Gobierno acusa al fundador de Wikileaks de incumplir los protocolos e inmiscuirse en política exterior. «Cruzaron una línea muy grave», sostiene la ministra del Interior.
El relato de la expulsión de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres es la historia de una quiebra de confianza que empezó a gestarse hace un año y medio, y el reflejo de un profundo giro político del país andino.
El fundador de Wikileaks logró asilo en 2012, dos meses después de refugiarse en la sede diplomática.
Se lo concedió el Gobierno de Rafael Correa, quien entonces tenía de número dos al actual presidente, Lenín Moreno, y hoy se ha convertido en su principal rival.
La decisión sobre Assange llega después de meses de tensiones, incumplimientos del protocolo pactado con las autoridades y la sospecha de que sus actividades suponían un riesgo para la seguridad del Estado.
“Cruzaron una línea muy grave hace unos pocos días”, aseguró la ministra del Interior, María Paula Romo, en una conversación con EL PAÍS realizada por videoconferencia horas antes de la detención.
La lista de acusaciones es larga, empezando por la intromisión en asuntos de política internacional a través de las filtraciones de su organización. Este jueves añadió que “el retiro de asilo es una potestad soberana de Ecuador y también es la consecuencia del incumplimiento reiterado de las normas de asilo y de mínima convivencia».
La Asamblea Nacional apoyó la decisión tras escuchar la relación del canciller «sobre todas las faltas cometidas por Assange en estos siete años».
La ministra sostiene, además, que el Ejecutivo cuenta con “información de que hackers vinculados a Wikileaks» viven en Ecuador y están vinculados a acciones que no solo afectan a la seguridad del país sino también de otros Gobiernos.
En el trasfondo de este episodio se sitúan también los ataques contra Moreno emprendidos por su antecesor, Correa, que tiene más de 20 investigaciones judiciales abiertas, reside en Bruselas y rechaza volver para ser juzgado en su país por considerarse víctima de una persecución.
“Wikileaks incluyó en sus publicaciones precisamente esos argumentos, esos alegatos de Correa, de un supuesto escándalo del presidente. Esos vínculos llevaban a una página donde se encuentran publicadas las fotos personales de la vida cotidiana del presidente y su familia.
No son una prueba de nada, no son documentos oficiales”, mantuvo Romo antes de la expulsión.
“En este momento el Gobierno ecuatoriano y el presidente son sujetos de una gran campaña, una campaña de ataque reputacional que también está orquestada desde Wikileaks”, insiste Romo en referencia a un caso, conocido como Ina Papers, que vincula a Moreno con una cuenta en Panamá y la compra de bienes en el extranjero, y que el Ejecutivo considera una “infamia”.
En su opinión, “lo que está en juego es mucho más que una disputa entre un exgobernante y el actual gobernante, sino lo que implica la presencia de un demócrata como Moreno en la región y el giro en términos de relaciones internacionales”.
El mandatario rompió tras ganar las elecciones hace dos años con buena parte del proyecto político de Correa.
Recompuso las relaciones con Estados Unidos y con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) —que acaba de conceder al país un préstamo de 4.200 millones de dólares— y sobre todo se alejó del eje bolivariano encabezado por el régimen de Nicolás Maduro.
Por ejemplo, recibió hace semanas a Juan Guaidó y lo reconoció como presidente interino de Venezuela.
Eso, según la interpretación del Gobierno, ha multiplicado a sus adversarios en otros frentes y ha convertido un pulso legítimo entre dos dirigentes en una disputa geopolítica.
“La paciencia del Ecuador ha llegado a su límite”, dejó claro el propio Moreno en una comparecencia, haciendo hincapié en las actividades irregulares de Assange y defendiendo que la suspensión del asilo es una decisión soberana.
“La más reciente alerta se dio en enero de 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Miembros clave de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración”.
A eso se suman otros cargos: “Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión. Ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad.
Posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Por último, Wikileaks amenazó hace dos días al Gobierno del Ecuador”.
El Gobierno de Moreno otorgó la nacionalidad a Assange en diciembre de 2017 para regularizar su situación, pero le prohibió en repetidas ocasiones inmiscuirse en temas de política exterior.
Este quebrantó la orden y hace un año se quedó incomunicado, aunque encontró la manera de sortear los controles. Llegó a demandar, en tres ocasiones, a Ecuador por supuestos incumplimientos de los protocolos de convivencia.
Sin embargo, las autoridades competentes desestimaron esas denuncias. A pesar de esos enfrentamientos, el mandatario asegura que pidió al Reino Unido su compromiso escrito de que no será extraditado a “un país en el que pueda sufrir tortura o pena de muerte”.
Mientras tanto, Correa, que aspira a volver a Ecuador para ocupar de nuevo la primera línea de la política, acusó una vez más a Moreno de traicionar su legado, del que la protección de Assange se había convertido en una suerte de símbolo.
Lo que sucedió este jueves en Londres representa también una ruptura de Ecuador con su pasado reciente.
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