El tipo de cambio a utilizar para definir la tarifa fue un 6% más alto que el que había cuando Lopetegui informó la cifra.
Si bien el Gobierno por el momento parece haber controlado la espiralización del dólar que amenazaba en la última semana, el alza registrada durante la primera quincena de marzo podría desembocar en una actualización tarifaria del gas mayor a la estimada.
El problema es que el salto cambiario se dio inoportunamente justo durante el período que definirá el valor del gas para los próximos seis meses, lo que inevitablemente generará una presión en el número final.
De acuerdo a lo pactado con las empresas del sector, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) establecerá el nuevo cuadro tarifario en función del promedio de cotización del dólar del Banco Nación entre el 1 y el 15 de marzo, que en este caso alcanzó los $42.
Esto implica una diferencia del 6% en relación a los $39,50 que marcaba la divisa cuando el secretario de Energía Gustavo Lopetegui prometió que el ajuste no superaría el 30%, lo que representaba una mejora respecto al escenario planteado por su predecesor Javier Iguacel.
Al mismo tiempo, el promedio cambiario de la primera parte de marzo difiere sustancialmente del proyectado por las propias empresas en la última audiencia pública, donde realizaron sus costos con un dólar de entre $39,45 y $39,81.
De esta manera, es probable que se genere cierta tensión en las negociaciones finales. Una de las herramientas a las que puede echar mano Lopetegui para amortiguar este impacto podría ser actualizar el monto destinado a transporte y distribución a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y no mediante el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que fue sensiblemente mayor.
Sin embargo, esto llevaría a una confrontación directa con las distribuidoras que ya soportaron que se utilice este criterio en la última revisión tarifaria, consientes del cimbronazo de la devaluación. Es por eso que en esta oportunidad no solo pretendían que se vuelvan a calcular los aumentos vía IPIM, sino que buscaban cobrar el retroactivo por los 10 puntos porcentuales menos que les dieron en la última revisión.
Ante la consulta de este medio, desde la cartera de Lopetegui ratificaron las previsiones originales, aunque la palabra final la tendrá el Enargas, donde prefirieron no hacer comentarios.
De todos modos, cualquiera sea la cifra definida, el Gobierno aplicará un descuento del 20% entre las facturas de mayo y septiembre -que se cobrará durante el próximo verano- que acota notablemente el tarifazo en una medida con un claro objetivo electoral.
En consecuencia, el número final no tendría un importante efecto inmediato a corto plazo para las familias, sino que repercutirá en el costo de financiamiento que el Estado afrontará por este diferimiento en el cobro.
