Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) complica la situación judicial del operador K Roberto Porcaro en una causa por tráfico de influencias y lavado de dinero, que se tramita ante el juez federal de Necochea, Daniel Bibel.
Se trata de un análisis del crecimiento patrimonial de Porcaro y su esposa que, a criterio de la UIF, “no cierra” con sus ingresos oficiales.
Porcaro ya fue indagado en la causa como sospechoso, y ahora la UIF -que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talarico- entregó al juez un informe en el que calificada de “sospechosos” una serie de movimientos financieros del acusado y su esposa Patricia Sirvente.
La causa se abrió en 2013 por una denuncia del fiscal Juan José Campagnoli por el pago de un millón de dólares en Bonar II de la financiera Financial Net a Porcaro luego de la adjudicación del llamado «sitio cero» del puerto de Quequén para la construcción de una terminal de granos para la carga de los buques como una derivación de la causa de la ruta del dinero K.
El informe, según fuentes judiciales consultadas por Clarín, sostiene que Sirvente entre el 2009 y el 2011 y antes de conocer a Porcaro “carecía de capacidad patrimonial, económica y financiera para afrontar” una serie de inversiones que realizó hasta el 2015.
Pese a que antes era empleada de la municipalidad de El Chocón, Sirvente compró a partir del 2009 «dos inmuebles por 244 mil pesos y dos automotores por 478 mil pesos y constituyó la empresa Misión Consultora S.A.»
La primera compra es por un terreno de más de 550 metros cuadrados en el barrio Médanos de Necochea, que da sobre el mar, que pagó “154 mil pesos en efectivo y le dio el derecho real de usufructo gratuito y vitalicio a Porcaro”, quien está divorciado de su primera esposa.
Sobre ese terreno se construyó una costosa casa que costaría medio millón de dólares. Por ejemplo, tiene un quincho de 400 metros cuadrados y una pileta cubierta con SPA, entre otras excentricidades.
Luego la esposa de Porcaro pagó 180 mil pesos por un inmueble en Cipoletti, Río Negro. En su tour de compras, adquirió también un Mercedes Benz ML (148 mil pesos) y un Crhyrsler Familiar (229.800 pesos).
La firma Misión Consultora la constituyó junto a Juan Carlos Chiavala, quien entre el 2013 y el 2016 «fue jefe de operaciones del consorcio de la estación portuaria».
Ante la AFIP, Sirviente intentó justificar su aumento patrimonial con “alquileres” del inmueble otorgado en usufructo a Porcaro y un préstamo personal de la constructora Ecodyma.
Sin embargo, la UIF afirma que no pudo comprobar el real pago de esa deuda. Ecodyma no es una desconocida.
En 2011, la esposa de Porcaro compró las acciones de Corporación Diente de León por 36 mil pesos.
Se trata de la empresa que administra un estacionamiento en el puerto de Quequén. Sirviente afirmó que declaró «una deuda de 180 mil pesos con De Gregorio», que era el presidente del consorcio del puerto.
En su tren de compras, adquirió en el 2011 una finca en Ezeiza de 2.500 metros cuadrados que pagó 100 mil pesos.
Ese mismo año, sumó a sus bienes un Jeep Gran Cherokke valuado en 63 mil dólares y en el 2012 compró un inmueble de 1472 metros cuadros en Necochea por 498 mil pesos.
Al matrimonio Porcaro también le gustan los deportes náuticos ya que compraron dos embarcaciones llamadas “Patolín” y “Tiffany”.
El análisis de la UIF del aumento patrimonial de Porcaro también sostiene que sus compras “carecen de justificación económica y jurídica”.
Recuerda que hasta el 2012 fue empleado en relación de dependencia del secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, en su misión en la intervención de Corrientes.
Ese año obtuvo remuneraciones por 96 mil pesos en total. Paralelamente, declaró como sus principales clientes de otros ingresos a los Casinos del Litoral, Entretenimientos y Servicios y Identimax S.A.
Ese mismo año exteriorizó la compra de una propiedad en Villa Carlos Paz, una embarcación llamada “Zocetom” y la aeronave LV-U306 marca Falcon.
En el informe se señala que Porcaro hizo operaciones intermediarias de títulos públicos, a través de Financial Net, entre el 2012 y el 2013, por 203 mil pesos y un crédito a favor de esa financiera por 597 mil pesos, entre otras.
En conclusión, la UIF sostuvo que estas operaciones de Sirviente, Porcaro, De Gregorio, Misión Consultora, Ecodyma y Corporación Diente de León resultan “sospechosas” de encubrir operaciones de lavado de dinero.
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