En varios medios especializados los analistas económicos, marcan una realidad: la fuerte presión impositiva de los gobiernos actuales.
Por ejemplo, para Walter Brown, Jefe de Redacción del Cronista Comercial, la “Voracidad fiscal, una de las cuentas pendientes que asfixian la economía”.
Por su parte, Silvia Andrea Tedin de Infobae, realizó un análisis de los pros y los contras de las PyME del 2018.
Allí marcó en los contras, “fue que la reforma fiscal afectó a las pymes negativamente, dado que arrancó un incremento gradual y por 5 años a partir del 2018”.
Alcadio Oña del Diario Clarín, rescata que “Son las retenciones a las exportaciones, que el Gobierno reimplantó o aumentó por decreto, desde septiembre a diciembre de 2020, y luego sacralizó por ley a través del Presupuesto”.
Desde todos los ámbitos económicos, sin rasgo distintivo en las concepciones, coinciden que la presión tributaria de los tres niveles (Nacional, provincial y municipal), es excesiva.
Esta presión ahoga toda posibilidad de crecimiento económico, desalienta la inversión y aleja la posibilidad de creación laboral.
Se habla mucho de la reforma laboral, pero no se expresa el mismo entusiasmo en la reforma tributaria.
No importa el color político que comande cada nivel de gobierno, todos acuden al bolsillo del ciudadano para solucionar sus errores y gastos excesivos.
Cuando la economía, por razones muchas veces externas mejora, en lugar de aprovechar para hacer los ajustes necesarios, deciden tirar el dinero y contratan ejércitos de amigos.
Luego, cuando el dinero no alcanza, en lugar de agradecer a cada uno de estos amigos políticos los servicios prestados, comienzan a recortar los beneficios para los más necesitados.
La presión fiscal es insostenible para una economía en receso y un estado elefantiásico y prebendario.
