Una reforma peligrosa basada en la desinformación o en la mentira oportunista
La(RAD) manifiesta su profundo rechazo a la aprobación del “Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”, un nuevo retroceso en materia de control estatal del uso de armas de fuego.
Esta medida viene a convalidar la preocupante política de seguridad y control de armas de fuego del gobierno nacional.
A pocos meses de asumir, el Poder Ejecutivo evitó implementar de forma plena la ley de creación de la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), organismo que reemplazó al viejo RENAR con el objetivo de llevar adelante una verdadera política pública de control de armas de fuego y desarme.
Esto se profundizó a comienzos de este año con la designación al frente de la agencia de Eugenio Cozzi, legítimo usuario, tirador deportivo experto y crítico de las políticas restrictivas en cuanto a la tenencia y uso de armas de fuego.
Finalmente, las declaraciones emitidas hacen tan sólo un mes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las cuales alentaba el empleo de armas de fuego por parte de civiles, no hicieron más que explicitar la peligrosa postura oficial en torno a esta materia.
Este nuevo reglamento, más allá de significar una violación a principios internacionales en materia de uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad -tal como fuera señalado por otras organizaciones de la sociedad civil-, responde a los preocupantes argumentos esgrimidos por la ministra Bullrich para justificar la medida, basados en datos que distan enormemente de la realidad.
Es falsa la afirmación de la ministra según la cual “el 99% de las personas que mueren por armas de fuego en nuestro país es en manos de un delincuente”.
Las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación demuestran que el 44% de las muertes por armas de fuego responden a agresiones, mientras que el resto se debe a suicidios, accidentes u otro tipo de intención.
Pero incluso centrándonos en las muertes que son producto de agresiones, el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha mostrado que el 52% de esos homicidios cometidos con armas de fuego se deben a discusiones, riñas o conflictos intrafamiliares, mientras que el 10% se produjo en ocasión de robo.
En conclusión, las palabras de la encargada de diseñar las políticas públicas en materia de seguridad en nuestro país niegan problemáticas tales como los suicidios, los femicidios, los accidentes con armas de fuego y los conflictos interpersonales, entre otras.
Esto no es menor, ya que este diagnóstico equivocado, así sea producto de una mentira o de una equivocación, es el que lleva a políticas públicas erradas, ineficaces y con peligrosas consecuencias que lamentablemente se miden en vidas humanas.
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