Por Corriente Política de Izquierda
La masividad de la movilización del 24 de septiembre y la contundencia del paro del 25, expresan una gran manifestación popular contra la política económica de ajuste llevada adelante por el gobierno de Macri y el FMI; y que cuenta con la complicidad de gobernadores del PJ y la UCR.
Los componentes de la marcha expresaron una diversidad de organizaciones sindicales, territoriales y políticas que representan el heterogéneo campo popular. Estas características también se expresaron en el protagonismo generacional y de género
El elemento unificador fueron las consignas que levantaban las banderas de la Unidad y la Lucha contra la política de saqueo de los intereses populares, que se expresa en la caída de los salarios, los despidos, la inflación; cuyo rostro más doloroso se expone en el hambre que se expande cotidianamente sobre toda la extensión del territorio argentino.
El gobierno, ante la agudización del conflicto y la contundencia de las medidas de fuerza, expresó una vez más su naturaleza profundamente reaccionaria vinculando la protesta, la movilización, la organización sindical y territorial como generadoras del «caos» que intenta terminar con el mandato de Macri por medio de un golpe de estado.
Este discurso ejemplifica claramente el carácter regresivo y reaccionario de la burguesía, que intenta mantener a salvo sus intereses de clase sin importarle los millones de personas que deben tributar con hambre al para mantenerlos.
Esta burguesía desconoce inclusive los derechos y principios logrados por los pueblos a lo largo de la historia: nuestra Constitución expresa el camino recorrido por la humanidad que vincula al régimen democrático con los derechos de los trabajadores a una vida digna. El Derecho al Trabajo, a la Educación, a la Vivienda, a la Salud, son incorporados como Derechos Humanos en los diferentes regímenes constitucionales del mundo. Cabe citar como ejemplo el artículo 14 bis de nuestra constitución.
Desde la izquierda sabemos que estos principios constitucionales en el sistema capitalista fueron negados sistemáticamente, pero somos conscientes al mismo tiempo que su cumplimiento está sujeto a la lucha política; a la lucha de clases. Y que los mismos se constituyen en el sustento de legitimidad para los pueblos.
Caracterizamos la crisis de la Argentina, más allá del nivel económico, como una crisis del régimen político en general. Se abre un proceso de crisis orgánica de la clase dirigente-propietaria en nuestro país, cuya definición dependerá de la correlación de fuerzas que se imponga a favor o en contra de los trabajadores. Resaltamos, entonces, que en un contexto complejo, con muchas incertidumbres se abre un proceso de crisis política profunda.
Se esperan meses angustiosos para la vida de los trabajadores y el pueblo en su conjunto. La pregunta es si debemos esperar que Macri finalice su mandato para terminar con el sufrimiento popular.
Desde la Corriente Política de Izquierda siempre hemos sostenido la necesidad de no dar tregua al proyecto reaccionario, en defensa de los derechos de los pueblos. En ese sentido planteamos que hay que derrotar el plan de Macri, que ata al país bastante más allá de su gobierno; y sin diferir nada para 2019.
En tal sentido, así como impulsamos la Unidad de Acción en la lucha en las calles, en el territorio y en los gremios, también impulsaremos en los marcos constitucionales el fin del mandato de Macri. El ajuste, al dinamitar la legitimidad popular, hace imprescindible acelerar los cambios políticos que terminen con los padecimientos del pueblo.
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