Por ICCSI
El Senado de la Nación tiene en agenda la aprobación de un proyecto de ley para regular las escuchas. La iniciativa, que es autoría del senador Rodolfo Urtubey y cuenta con aval de Cambiemos, lejos de resolver los problemas y los vacíos legales existentes, los profundiza y agrava.
Por ese motivo, las organizaciones que integramos la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) presentamos al Honorable Senado de la Nación un informe técnico con las principales observaciones, críticas, dudas y problemas que surgen del análisis del dictamen del Expte. N° S-979/18. En particular, y conforme se puede ver desarrollado en el documento que acompañamos, sostenemos que el proyecto:
Si bien pretende regular el sistema de interceptación de comunicaciones, no lo hace en forma precisa ni integral.
No resuelve el principal problema que motivó su elaboración: la filtración ilegal de escuchas no se previene ni se controla con esta iniciativa. Pues no se pone en ejecución un protocolo de cadena de custodia para las interceptaciones, sino que simplemente se declaman una serie de principios y objetivos.
Confunde el régimen de escuchas de inteligencia con las de investigación judicial.
Utiliza terminología imprecisa que habilitaría tipos de intervención que hoy no están regulados.
Es deficiente en los principios rectores del sistema: por omisión y por problemas en la regulación de los sujetos incluidos.
No establece un verdadero sistema de control de la interceptación y captación de las comunicaciones: mantiene los problemas actuales de falta de control interno y limitaciones de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Convalida por ley que la DAJUDECO, bajo dependencia de la Corte Suprema, sea el órgano encargado de las interceptaciones (de inteligencia y de investigación judicial) sin atender a los problemas de imparcialidad y de integración en el sistema de inteligencia.
Presenta serias deficiencias y omisiones al regular los requisitos para autorizar la intervención y las obligaciones de las prestatarias.
Presenta deficiencias y omisiones graves al regular la cadena de custodia.
Omite definiciones claves para determinar el alcance de la regulación así como un mecanismo transparente de designación de las autoridades de la DAJUDECO.
Omite toda regulación vinculada con la producción de información, mecanismos de rendición de cuentas y disposiciones sobre destrucción y acopio de información derivada de las intervenciones.
Junto con la presentación del informe, solicitamos a los senadores y senadoras de la Nación que revean el proyecto y hagan partícipe de la discusión a expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil para repensar entre todos el mejor sistema de interceptación de comunicaciones para el país.
El Congreso de la Nación debe impulsar una verdadera reforma integral del sistema de interceptación de las comunicaciones procurando revertir las prácticas abusivas y resguardando los derechos fundamentales de las personas. Pero la reforma en debate no es un camino que conduzca a esos objetivos.
