Tras detectar una serie de “irregularidades” en auditorías, el Gobierno provincial avanza con cambios en el sistema de transporte escolar para “ordenar” el servicio, que incluyen reducción de recorridos y una nueva fórmula para calcular los pagos, algo que desató la polémica con los transportistas, quienes aseguran que “trabajan a pérdida” y evalúan medidas de fuerza.
El director provincial de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario, dijo a DIB que se empezó a respetar la normativa que especifica cuáles son los casos en los que la Provincia debe brindar el transporte escolar, porque según aseguró, “históricamente se le otorgaba a todo aquel que lo solicitaba, pero esto no debería ser así porque existe una reglamentación que lo estipula”.
“Deben ser casos especiales, como los alumnos de escuelas especiales que no estén cubiertos por la obra social, y que no pueden ser transportados por sus padres y de las escuelas rurales que no tienen acceso por transporte público”, explicó. Y agregó: “El transporte está dirigido a 20 mil alumnos de los 2 millones que tiene la Escuela Pública, es decir, sólo al 1%”.
Fuente: DIB
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