La Procuraduría General de la República recomendó durante una sesión de la Corte que el ex presidente Lula da Silva sea encarcelado tras su condena en segunda instancia por corrupción.
La procuradora, Raquel Dodge, rechazó hoy el pedido de habeas corpus de Lula y alegó que el arresto de un reo condenado en segunda instancia es una medida «útil para combatir la impunidad».
Durante su intervención en el Supremo Tribunal Federal, Dodge afirmó que el arresto tras la segunda instancia ha «dado seguridad jurídica y contribuido a la eficacia de la persecución penal (respetando) todas las garantías» del imputado.
Lula da Silva (presidente entre 2003 y 2010) fue condenado a 12 años y un mes de prisión en enero por los tres camaristas que integran el Tribunal Regional Federal 4 (TRF4), ampliando en casi tres años la sentencia del juez de primera instancia Sergio Moro, mentor de la causa Lava Jato.
La semana próxima el TRF4 presentará la versión definitiva de su sentencia cuando puede ordenar el arresto de Lula, justificado por Dodge ante los once miembros del Supremo.
En la más alta Corte hay jueces que defendieron públicamente la prisión tras la segunda instancia como lo hizo Roberto Barroso.
Y otros magistrados como Gilmar Mendes, consideran que sólo se puede ordenar el arresto cuando se hayan extinguido las cuatro instancias, con la última en el Supremo Tribunal Federal.
Los ministros Barroso y Mendes entablaron un fuerte cruce de opiniones, e incluso acusaciones, en la sesión del miércoles en la que ya se observaba la tensión previa al debate de este jueves con consecuencias jurídicas y políticas.
Antes de la procuradora Dodge hizo uso de la palabra el abogado Roberto Batochio, defensor de Lula, quien se pronunció por el habeas corpus de su patrocinado, criticó el autoritarismo y refirió a la dictadura militar.
Para Batochio es víctima de una «marea de violencia» que campea dentro de grupos influyentes en el aparato del Estado. (ANSA).
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