El Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia manifiesta su preocupación por las condiciones en las que aún hoy continúan siendo formados los aspirantes a policía.
El fallecimiento de Emanuel Garay, de solo 19 años, en su primer día de entrenamiento en la Escuela de Policía de La Rioja, el estado de salud de los restantes estudiantes internados y los testimonios de otros compañeros nos alertan sobre un aspecto del gobierno de la seguridad que demanda medidas de fondo y a largo plazo: la desmilitarización de la educación policial es lo único que va a permitir su verdadero profesionalismo.
La formación y capacitación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no es compatible con prácticas ilegales de adoctrinamiento violatorias de derechos humanos y debe estar orientada específicamente al trabajo policial. Esta persistencia de prácticas de entrenamiento propias de unas fuerzas armadas no democráticas no es un caso aislado. La asimilación por parte de la cultura policial de los valores democráticos es un proceso que demanda más que cambios en la regulación y reformas institucionales. La desactivación del autogobierno policial y la desmilitarización sólo es posible en la medida en que estas instituciones se permitan cuestionar los valores, modos de relación y prioridades que pretenden que sus integrantes internalicen.
En nuestro país son, generalmente, los propios policías quienes ofician de transmisores formales e informales de las pautas que guiarán la conducta de las nuevas generaciones. Indagar respecto a quiénes, cómo, qué y en qué condiciones son facilitados los conocimientos y competencias que hacen a la labor policial nos permite dar cuenta de las reales expectativas que recaen sobre el personal policial: obediencia ciega o disciplina con discernimiento, alguien dispuesto a humillar o preparado para auxiliar, desde su distintivo rol, a sus semejantes.
Creemos que para prevenir la violencia institucional es necesario darle a la educación policial democrática un lugar central. También, que es necesario facilitar canales y garantizar procesos ágiles para la investigación de las irregularidades que pudieran tener lugar dentro del ámbito policial.
