El Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la CONADU Histórica resolvió adherir a la movilización del 21 de febrero en todo el país contra los despidos, la reforma laboral, el techo a las paritarias y en defensa del 82% móvil y los convenios colectivos de trabajo.
La ola de despidos en el sector público y el sector privado ha superado los 6 mil puestos de trabajo desde comienzo de año. Se trata de cierre de poblaciones enteras como los casos de Río Turbio (Santa Cruz), Azul (Provincia de Buenos Aires) e Hipólito Irigoyen (Salta); por lo tanto, no se trata solo de puestos de trabajo, sino de desarticular la vida en los pueblos, de liquidar los convenios colectivos de trabajo, descabezar la organización sindical y, en el mejor de los casos, reabrir las empresas con convenios a la baja y sin recuperar la producción a los niveles anteriores. Los trabajadores del INTI, Hospital Posadas, Fanazul, SENASA, YCRT, ICT San Juan, entre otros, dan muestra de la fuerza del movimiento obrero en defensa de sus derechos y en rechazo de los planes del gobierno nacional, que cuentan con la complicidad de los gobernadores a través del presupuesto, el Pacto Fiscal, la Reforma Tributaria y la Previsional.
Es ante esta ola de despidos que los trabajadores y trabajadoras salimos a las calles el 29 de noviembre, el 6 de diciembre, el 14 y el 18 de diciembre y el 15 de febrero. Para darle continuidad a estas luchas es que la CONADU Histórica se hará presente también, por decisión unánime de su plenario de Secretarios/as Generales, en las movilizaciones del 21 de febrero en todo el país.
Lo hacemos en defensa propia. La Reforma Jubilatoria nos ha golpeado directamente. Los compañeros investigadores y los docentes investigadores recibirán de incremento en sus haberes un mísero 5,71% durante este mes. Esto rompe con la conquista histórica del 85 y 82% móvil que logramos los investigadores, los docentes universitarios y preuniversitarios.
Lo hacemos en defensa de la Universidad Pública, Laica, Estatal y Gratuita ya que no es casual, en la implementación de estas políticas, la “apertura” de la discusión sobre el arancelamiento o la imposición de cupos en las universidades como en la dictadura.
Lo hacemos en defensa de nuestros estudiantes que ven licuarse sus becas. El nuevo plan PROGRESAR, en lugar de garantizar la permanencia de los estudiantes en las universidades y en los demás niveles educativos, fija metodologías meritocráticas y criterios de “prioridad” en orden a lo que mandan el Banco Mundial y la OCDE, y no en los derechos de un pueblo azotado por un 30% de pobreza.
Salimos a las calles en defensa de una Ciencia y Tecnología al servicio de la mayoría nacional, y no del dictado de la OMC y del lugar al que quieren relegar a la Argentina en una nueva división internacional del trabajo.
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