Sharing is caring!

María Eugenia Vidal oficializó el cambio de las jubilaciones para los empleados del Banco Provincia. Promulgó la ley que aumenta y equipara la edad con el resto de los trabajadores. El gremio, en alerta.

María Eugenia Vidal firmó la promulgación de la ley modificatoria del régimen previsional vigente para los empleados del Banco Provincia, que eleva la edad en forma escalonada desde los 60 a los 65 años y establece un nuevo mecanismo de variación salarial.

Se trata de la Ley 15.008, votada en diciembre en jornadas de gran movilización opositora de los bancarios, incluida la irrupción de manifestantes –encabezados por el intendente de Ensenada, Mario Secco– en el recinto de la Cámara de Diputados.

La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense. Es el último acto administrativo antes de su aplicación. Es decir, que las reformas entran en vigencia. Pero, como está en desarrollo un conflicto entre las partes (el Estado y la Asociación Bancaria), con una conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de Nación, la medida debería aguardar el desenlace de ese trámite legal.

La Bancaria, que conduce el radical kirchnerista Sergio Palazzo, anticipó que continuará la huelga si el Ejecutivo provincial persiste con la medida. En los considerandos queda relevado el Estado bonaerense de asumir el déficit anual de 6.000 millones de pesos que tiene la Caja previsional del Bapro.

El mismo Palazzo argumenta que la entidad financiera no puede hacerse cargo de ese pasivo. El riesgo es la sustentabilidad del sistema, de acuerdo con sus dichos.

Además, empleados y ex empleados del Banco Provincia argumentan que les hacen un descuento mayor para financiar la caja.

Del otro lado del mostrador, Vidal intenta parar el escurrimiento de esa plata. Mientras, ensaya otros “ahorros” con la flamante Ley de Ministerios que suprime secretarías, reduce 2.000 cargos políticos y también empuja a la Legislatura a una baja del gasto de 2.5000 millones de pesos.

En la escasez y con la necesidad de racionalizar el gasto, el foco incorporó al régimen jubilatorio de los empleados de banco oficial. La ley aprobada por el parlamento establece que «tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad». Ahora se jubilan a los 60 años.

La aplicación de la nueva edad para jubilarse se realizará escalonadamente y de la siguiente manera: 61 años en 2020 y 2021; 62 años en 2022 y 2023; 63 años en 2024 y 2025; 64 años en 2026 y 2027, y 65 años desde 2028. De esta manera se achica el ducto en el pago de haberes al universo de pasivos. La ecuación ideal sería 3 activos por cada jubilado. En la actualidad hay 10.500 aportantes activos para 16.000 jubilados, aunque los retirados también aportan a la Caja.

La edad no es la parte más conflictiva. La confrontación surge vehemente con la tasa de sustitución. Así se denomina al porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado. En este caso, y desde 2018, se bajará del 82 al 70 por ciento. De esta manera, «iguala con el resto de los empleados bancarios», según la explicación del diputado Marcelo Daletto, gestor de la propuesta en la Legislatura.

La otra cuestión urticante de la negociación en el transcurso de la conciliación obligatoria es cómo se conforma el haber inicial del jubilado. Quedó determinado que se toma el promedio de los últimos diez años de sueldo. Además, la movilidad jubilatoria no será por variación salarial sino por el índice votado en diciembre en el Congreso de la Nación para el resto de los jubilados. Resultado: los aumentos serán trimestrales en lugar de semestrales, y se calcularán con una combinación del 70% de la inflación y el 30% del Ripte, que es el aumento salarial de los trabajadores del sector formal.

Con la promulgación Vidal ratifica la voluntad de continuar con el objetivo. El paro, entonces, queda a la vuelta de la esquina. Es el primer escalón confrontativo. La Asociación Bancaria había rechazado el aumento del 9% ofrecido al sector, antes del sinceramiento del equipo económico y de la Jefatura de Gabinete de Nación que ponderó en 15% la inflación proyectada para este año. Este guarismo pone aún más distancia entre las partes, aún con la eventual fórmula de la cláusula gatillo que ajusta salario por los indicadores inflacionarios de cada trimestre.

FUENTE: Clarín