Los representantes del MPF le solicitaron al TOF N°2 que condene al ex juez a cargo de la investigación, a los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, al ex presidente Carlos Menem y al entonces titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros acusados.
Además, postularon la absolución de Jorge Alberto Palacios. La unidad especializada sostuvo que los hechos que fueron materia de juzgamiento debían ser considerados de lesa humanidad por su conexidad con el atentado, que había sido declarado como tal en otro proceso y, además, consideró que constituían graves violaciones a los derechos humanos.
El fiscal cotitular de la Unidad Fiscal AMIA, Roberto Salum, y el fiscal ad hoc Miguel Yivoff, requirieron ayer condenas de hasta 13 años de prisión en el juicio por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas.
Fue al término de su alegato ante el Tribunal Oral Federal N°2, en el que solicitaron que el ex juez a cargo de la investigación, Juan José Galeano, fuera condenado a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por los delitos de peculado; privación ilegal de la libertad agravada -reiterada en cuatro oportunidades-; coacciones reiteradas; prevaricato, encubrimiento por favorecimiento personal; violación de medios de prueba; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público
Respecto de los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, la unidad especializada requirió penas de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por su participación necesaria en los delitos de peculado, privación ilegal de la libertad agravada de los ex policías bonaerenses -reiterada en cuatro oportunidades- y coacciones.
En cuanto al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, Salum y Yivoff requirieron al tribunal que se lo condene a 6 años e inhabilitación absoluta perpetua, por la autoría del delito de peculado, falsedad ideológica y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y como partícipe necesario del delito de encubrimiento por favorecimiento personal.
En esa misma línea, para el ex subsecretario de la agencia de inteligencia, Juan Carlos Anchézar, solicitaron tres años de prisión e inhabilitación por 6 años, al considerar probado que fue partícipe necesario del delito de encubrimiento por favorecimiento personal y coautor de los delitos de falsedad ideológica; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
También requirieron tres años de prisión para el ex jefe del Departamento de Protección al Orden Constitucional (DPOC) Carlos Castañeda, por su participación necesaria en el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y como autor de los delitos de falsedad ideológica, violación de medios de prueba y de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Por otro lado, los fiscales pidieron penas para el ex reducidor de autos Carlos Telleldín -3 años y seis meses-, su ex pareja, Ana Boragni -2 años- y su entonces abogado, Víctor Stinfale -3 años y seis meses- por su participación necesaria en el delito de peculado, en tanto que para el ex agente de la SIDE, Patricio Finnen -2 años- y para el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, -1 año- por su participación secundaria en ese mismo delito.
Finalmente, la fiscalía solicitó –tal como lo había adelantado en la última audiencia- la absolución del ex comisario Jorge Alberto Palacios.
El alegato
El alegato de la fiscalía se prolongó durante casi dos meses donde se desarrollaron los hechos que se tuvieron por probados y las acusaciones respecto a los trece imputados que tiene el juicio.
Inicialmente los fiscales tuvieron por acreditado los hechos por el delito de peculado. Y sostuvieron que se había probado el pago al ex reducidor de autor, Carlos Telleldín, de 400 mil dólares, pertenecientes a las arcas de la SIDE, para que prestara una declaración indagatoria que fue previamente consensuada con el juzgado, a través de la cual acusaría a los ex policías bonaerenses de haberse quedado con la camioneta traffic con la que se cometió el atentado.
Salum y Yivoff también tuvieron por probada la coacción a Miriam Salinas para que declarara en calidad de testigo de identidad reservada y brindara datos para incriminar a Carlos Telleldín en la causa -luego de haber sido detenida sin motivo alguno y acusada de participar en el atentado-, como así también la coacción a su abogado Semorile para que prestara declaración en tal carácter y aportara información para incriminar a los ex policías bonaerenses -bajo amenaza de acusarlo por la participación en una extorsión que la policía le habría realizado al reducidor de autos
También encontraron acreditado que los ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Raúl Ibarra y Mario Bareiro fueron privados ilegalmente de su libertad. En ese sentido, los fiscales explicaron que cualquier resolución y/o auto de mérito que fuera sustentada o en el que se valorara como precedente las constancias de un acto delictivo, como fue la indagatoria paga y consensuada de Carlos Telleldín, tornaban irremediablemente en ilegal la resolución en cuestión. No obstante ello, la fiscalía sostuvo que, más allá de la valoración de la indagatoria paga de Telleldín, el ex juez Galeano y los ex fiscales Müllen y Barbaccia interpretaron de manera antojadiza y arbitraria el resto de la prueba colectada en la causa y llevaron a cabo medidas contrariando la normativa procesal vigente, en aras de que la versión que incriminaba a los ex policías bonaerenses pudiera sostenerse.
Finalmente, en las últimas dos audiencias, los representantes del Ministerio Público se abocaron al análisis de la investigación vinculada a la denominada “pista Kanoore Edul”. Los fiscales explicaron por qué al inicio de la investigación la pista de Kanoore Edul era una de las más importantes. En tal sentido aclararon que el nombrado registraba un llamado a Telleldín el día en que supuestamente éste había vendido la Traffic y se relacionaba, a su vez, con uno de los principales sospechosos del atentado, el agregado Cultural de la Embajada de Irán Moshen Rabbani.
Los fiscales, luego de acreditar la relación de confianza y amistad entre la familia Kanoore Edul y Menem, tuvieron por probado que, a partir de la concurrencia de Alberto Kanoore Edul (padre) a la Casa Rosada y de una comunicación recibida por el ex juez Galeano, desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional que respondían a órdenes del entonces presidente Carlos Saúl Menem, Galeano demoró e interrumpió la investigación de la pista que vinculaba a Alberto Jacinto Kanoore Edul por años. Destacaron que el día de la llamada se dejó sin efecto, sin motivo alguno, el allanamiento de uno de los domicilios de los nombrados, y luego se des-intervinieron sus teléfonos; se destruyeron o sustrajeron los cassettes con las escuchas que se habían obtenido hasta ese momento de sus líneas telefónicas, como así también las transcripciones de esas escuchas que habían sido remitidas al juzgado del Dr. Galeano.
Particularmente, destacaron que no se investigó los datos de una agenda de Kanoore Edul que lo vinculaba con el agregado cultural de la embajada de Irán, Moshen Rabbani, quien era una de los principales sospechosos para la investigación.
Para la unidad quedó acreditada la existencia de una deliberada maniobra que tuvo como finalidad “proteger, encubrir y proveer impunidad a Alberto Jacinto Kanoore Edul” y explicaron que no era posible afirmar si ello se había debido al conocimiento efectivo que el presidente Menem pudo haber tenido respecto a la participación que de alguna forma pudo haber tenido Edul en los hechos o, si, aún en la firma convicción de que nada hubiera tenido que ver, ello se debió al inconveniente que le generaría que una persona relacionada íntimamente con su entorno fuera objeto de la investigación del atentado terrorista más grave sufrido por nuestro país, circunstancia que hubiera sido un escándalo de proporciones que podría haber puesto en riesgo la propia continuidad del gobierno.
El juicio continuará el próximo 1° de febrero, fecha en la que comenzará su alegato la querella del Ministerio de Justicia.
