La Justicia ingresó a la comunidad mapuche de Villa Mascardi en búsqueda de pruebas para determinar quién mató al joven Rafael Nahuel. Durante el operativo, no se hallaron armas y en cambio se encontraron “muchísimas” vainas de balas 9 milímetros.
Las pruebas recolectadas y los datos que surgieron de la diligencia judicial hacen muy complejo para el juez Gustavo Villanueva avalar la teoría del Ministerio de Seguridad sobre un “enfrentamiento”.
Innumerable cantidad de vainas de armas 9 mm; algunas correspondientes a armas antitumulto –escopetas 12/70–; inexistencia de armas de la comunidad; ausencia de tranqueras internas y de árboles con orificios de bala; y hasta una notable diferencia sobre el lugar donde ocurrió el asesinato de Rafael Nahuel en relación a los dichos del ministerio de Seguridad, constituyen los datos más importantes que surgieron de la inspección ocular que el jueves encabezó Villanueva, según informó el portal de Bariloche En estos días.
La diligencia judicial se concretó a doce días de la muerte del joven de 21 años que había viajado para acompañar a algunos familiares que participan de la recuperación territorial de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Además del magistrado y su secretario, participaron de la inspección –que se extendió por unas ocho horas–, la fiscal, la defensora de menores, el padre y el hermano de Rafael, las abogadas de la familia, el defensor, la diputada Victoria Donda –que estaba en el lugar junto a legisladores de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados– una abogada de Prefectura Naval y dos prefectos. Todos estuvieron custodiados dentro del territorio por unos 70 uniformados de diversas fuerzas federales. Otros 200 esperaron en la ruta.
En ningún momento hubo contacto con los integrantes de la comunidad, quienes permanecieron ocultos, salvo al final de la diligencia: en ese momento formaron un cordón a los costados de la senda y comenzaron a gritar “asesinos” a los miembros de las fuerzas de seguridad y exigieron justicia para Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Sin embargo, no hubo incidentes.
Varios partícipes de la inspección coincidieron en destacar que no se encontraron armas de fuego en el lugar, y sí, en cambio, “muchísimas” vainas de armas 9 mm. Incluso, el propio juez y el padre de Rafael hallaron a su paso esos elementos.
La abogada querellante en nombre de la familia, Natalia Araya, dijo a En estos días que “en el interior de la comunidad no existen las tranqueras ni había árboles caídos o con orificios de bala”, a diferencia de lo que informó el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
Incluso, el lugar del supuesto “enfrentamiento” tampoco coincidía con los dichos de la ministra: la cartera de Seguridad informó que se produjo a unos 400 metros de la tranquera de ingreso, pero durante la diligencia se comprobó que el lugar donde Rafael Nahuel fue ultimado está “a unos mil o 1.500 metros” de la tranquera, detalló la abogada.
Ese dato demostraría que los efectivos del grupo Albatros de Prefectura avanzaron mucho terreno adentro de la montaña, hasta dar con el grupo de personas entre las que estaba Rafael.
En relación a la vegetación, se tomaron muestras sobre las cuales, inicialmente, los peritos no coincidieron si era posible determinar si fueron afectadas por balazos.
Luego de esta inspección, el juez ya tiene en su poder una serie de nuevas medidas solicitadas por la querella, y se abrirá la posibilidad de que los prefectos -aún no imputados formalmente- puedan ser citados a declarar. También Villanueva deberá definir si accede al cambio de carátula de “NN sobre muerte dudosa” a “homicidio agravado”, solicitado por la querella.
