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Los límites sobre el uso de agroquímicos preocupan en el interior provincial, donde cada vez son más los municipios que sancionan ordenanzas para regular nuevas distancias de aplicación propias respecto a zonas urbanizadas.

Mientras tanto, un proyecto de ley en ese sentido –que generó fuertes controversias– cuenta con media sanción y avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, aunque difícilmente se apruebe este año.

Se estima que son más de 70 las comunas que cuentan con ordenanzas que regulan el uso local de los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas, y cada vez se suman más. Mientras tanto, otros distritos trabajan en modificaciones de las vigentes.

En Tres Arroyos, por ejemplo, la ordenanza está próxima a aprobarse tras cinco años de debate. La concejal Mercedes Moreno, del Frente para la Victoria (FpV), espacio que impulsó el proyecto, dijo que la demora estuvo vinculada a que “estaba por salir la ley provincial”, pero señaló que ésta “quedó con media sanción y virtualmente parada, entonces nosotros volvimos a avanzar en el tema”.

En tanto, en Trenque Lauquen, evalúan modificar la actual legislación en medio de crecientes denuncias por la violación a la ordenanza vigente. En ese marco, el Municipio recordó cuáles son los límites de aplicación mediante un comunicado. Esta situación generó a su vez polémica con la oposición, que acusó a la secretaria de Medio Ambiente, Ana Paula Motrel, de “no estar a la altura de las circunstancias” frente a esta problemática.

En ese sentido, la diputada provincial María del Huerto Ratto, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, dijo a DIB que “es importante tener un marco regulatorio que ordene todas las disposiciones locales”, aunque vaticinó que “difícilmente la ley provincial sea aprobada este año”. “En lo que hay que avanzar es en una verdadera conciencia sobre la toxicidad de estos productos”, sostuvo.

Una iniciativa polémica

Tras ser aprobada con fuerte polémica en el Senado bonaerense el año pasado, la iniciativa recibió recientemente diversas modificaciones en la comisión de Asuntos Agrarios, y ahora deberá pasar por las de Salud y Medio Ambiente, antes de ser tratada sobre tablas para su aprobación final.

No obstante, las reformas del proyecto tampoco conformaron a los ambientalistas, debido a que consideran que constituye “un retroceso” en comparación con las distancias establecidas en la mayoría de las ordenanzas locales.

El texto actual establece zonas de exclusión (ZE) y zonas amortiguación (ZA), y en ambos casos delimita distancias mínimas de aplicación. En las primeras, “se prohíbe todo tipo de aplicación” en 30 metros contados desde el límite de la zona urbana para todo tipo de aplicaciones terrestres, y de 500 a 2.000 metros en el caso de emplearse un avión.

Mientras que la zona de Amortiguamiento (ZA) se describe como “la superficie adyacente a determinadas áreas de protección, que requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del espacio protegido”, y señala que comprenderá los primeros 500 metros lindantes al área urbana, zona residencial extraurbana y servicios educativos.

“El proyecto sigue siendo un retroceso, en la mayoría de los municipios las zonas de exclusión terrestre son de entre 100 y 500 metros, es decir, mayores a las que propone la iniciativa”, dijo a DIB, Raúl Stevani, ingeniero agrónomo y docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Asimismo, consideró que el mayor riesgo para la salud y el medioambiente se da con las fumigaciones aéreas: “Con un viento suave, de ráfagas circunstanciales, las gotas del producto pueden llegar a varios miles de metros”. Y sostuvo que “debería prohibirse el uso de aviones” para esa tarea.

En medio de este debate, la preocupación crece en el interior: por ejemplo en Mar de Plata, tras varias denuncias a los organismos de control por fumigaciones en zonas urbanas, vecinos de tres barrios protestaron en los últimos días en la ruta 2 y 11, y reclamaron al intendente Carlos Arroyo que haga cumplir la ordenanza vigente.

La problemática de los envases

El destino de los envases de agroquímicos en desuso también es motivo de preocupación. En Coronel Dorrego, el Concejo Deliberante analiza un proyecto de ordenanza presentado por el bloque de UCR Cambiemos para regular la instalación de los depósitos de agroquímicos fuera de áreas urbanizadas.

En tanto, la iniciativa provincial no contempla qué hacer con los bidones, debido a que ese aspecto queda librado a la normativa nacional. Según estimaciones del Ministerio de Agroindustria, se utilizan por año en todo el país 17 millones de unidades, que representan 13 mil toneladas, de los cuales el 60% corresponde a recipientes de 20 litros.

“Los envases son de alta toxicidad, y el problema es que muchas personas los encuentran tirados a la vera de los caminos y los reutilizan, por ejemplo, para el traslado de agua, ya sea para riego o consumo, lo que multiplica el efecto tóxico”, explicó Stevani. “Los bidones requieren tres lavados como mínimo y luego deben ser perforados en la base para evitar su reutilización”, agregó.

Buscan prohibir el herbicida 2-4D

Un proyecto de la diputada Ratto busca la prohibición de venta y uso del herbicida 2-4D en territorio bonaerense, debido a que es “uno de los más nocivos para la salud”. “El Ministerio de Agroindustria dictó una normativa que prohíbe su aplicación entre octubre y marzo, pero esta iniciativa busca la restricción de manera permanente”, dijo Ratto.

El herbicida ya está prohibido en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe.

DIB