Familiares de víctimas del atentado contra la mutual de la comunidad judía AMIA acusaron ayer al gobierno nacional de querer entregar a una empresa estadounidense los archivos de inteligencia relacionados con el ataque y con el procedimiento judicial que lo encubrió.
“Queremos insistir en la gravedad de la situación”, apuntó a este diario Laura Ginsberg, titular de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), la agrupación que denunció públicamente la “maniobra del Gobierno” para “reapropiarse de documentación secreta y entregarla a una empresa con sede en Estados Unidos, que trabaja para la CÏA, y servicios de inteligencia de otros lados del mundo, como Israel, y corrernos a los familiares y amigos de las víctimas del control de esa documentación”.
Apemia realizó la denuncia pública sobre la entrega de los archivos secretos relacionados con el atentado a la AMIA en una conferencia de prensa. “Después de 23 años de impunidad, están entregando a servicios secretos de otros países documentación relevante para probar la responsabilidad del Estado argentino en la criminalidad y encubrimiento del asesinato de nuestros familiares y amigos”, remarcó Ginsberg.
Además, la agrupación exigió la renuncia de Mario Cimadevilla, a cargo de la Unidad Especial de Investigación del atentado, a quien acusan de incentivar la entrega de archivos secretos a Estados Unidos para “hacer negocios”, y reiteró la inconstitucionalidad del decreto 229/2017, de abril pasado, mediante el que el Presidente Mauricio Macri creó esa flamante estructura en la órbita del Ministerio de Justicia.
Ginsberg vinculó la tercerización de la digitalización y el procesamiento de los archivos en manos de la empresa estadounidense Palantir con el decreto 229/2017 y con la visita que días próximos realizará al país el mandatario israelí Benjamin Netanyahu.
“No viene solo por acuerdos comerciales sino para cerrar con el Gobierno cualquier posibilidad de realizar una investigación seria acerca de lo ocurrido en la Amia hace 23 años”, denunció la titular de Apemia. (PÁGINA/12)
