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El juez federal Bonadío ordenó registrar el Palacio de Hacienda, el organismo previsional, la CNV y empresas privadas por una causa en la que se investigan operaciones presuntamente irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Ya están imputados Luis Caputo, Emilio Basavilbaso y Luis María Blaquier.

A poco de conocerse que la ley de “reparación histórica” no generó mejoras para los jubilados y que, de hecho, por ahora sólo trajo beneficios multimillonarios para empresarios amigos del PRO a través del blanqueo, el juez federal Claudio Bonadio allanó el Ministerio de Finanzas, la Anses, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y empresas privadas en una causa en la que se investigan operaciones presuntamente irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que habrían provocado una pérdida de U$S 75 millones de los ahorros de los abuelos.

El magistrado tiene a su cargo una investigación surgida de una denuncia del diputado nacional por el FpV Rodolfo Tailhade a través de la que el fiscal Jorge Di Lello imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo; Pedro Lacoste, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo; Gustavo Marconato, secretario de Hacienda; Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de ANSES, y Luis María Blaquier, quien fuera director del FGS.

En el expediente se investiga si se cometió los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública en dos operaciones con acciones y bonos que realizó el FGS de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que se nutre de dinero del sistema previsional.

Bonadio impulsó los operativos de la Policía Federal en el ministerio de Finanzas, en ANSES, la CNV y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora IECSA, esta última vendida recientemente por Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

¿Cuáles fueron los hechos que impulsaron la decisión del juez?

En octubre del 2016, el FGS que dirigía Blaquier aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12%, emitido por Córdoba para la financiación de una obra de gasoductos, en la cual 6 tramos están en manos de la manchada de corrupción constructora brasileña Odebrecht.

En esa operatoria, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5%. De acuerdo al escrito, la medida habría generado una pérdida de U$S 75 millones al Estado, particularmente a los ahorros de los jubilados que se sostienen en el FGS.

Según la acusación fiscal basada en la acusación de Tailhade, el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales con fuertes vínculos con funcionarios del gobierno nacional, entre las cuales se menciona el pasado profesional de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank.

En su requerimiento, Di Lello también sumó una presentación hecha por la Unidad Especializada en Delitos de la Seguridad (UFISES) que explicó otra operación bajo investigación: la compra de Solvay Indupa por parte de Unipar Carbocloro, contralada por la firma Braskem Argentina, que a su vez pertenece a la brasileña Braskem Brasil, que casualmente también tiene como socio mayoritario a Odebrecht. Según los cálculos del legislador que impulsó la denuncia, el Estado perdió otros $20 millones en la venta de las acciones de Indupa.

En el expediente que tiene Bonadio a su cargo se sumó una denuncia de la diputada de Libres del Sur Victoria Donda, quien pidió que se investigue si hubo delito en la venta de acciones de Petrobras que estaban en manos del FGS y pasaron a manos de la firma Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, que había adquirido el paquete mayoritario de la compañía brasileña.