Una auditoria encargada por el Gobierno de María Eugenia Vidal al sistema carcelario provincial arrojó resultados inesperados: un decorador de interiores, tres chefs internacionales, un antropólogo y siete guías y técnicos en turismo en la plantilla de personal.
Además, 800 agentes ya fueron separados de su cargo por faltar sin motivos, falta de guardia cárceles y una superpoblación de empleados administrativos.
Una auditoria encargada de relevar a los 23 mil agentes del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires se encontró con grandes sorpresas durante el proceso. En la plantilla de empleados figuran un decorador de interiores, tres chefs internacionales, un antropólogo y siete guías y técnicos en turismo. Además, registraron personal que no cumple horarios o va a trabajar dos o tres días por semana, superpoblación de empleados en algunas dependencias y un número de guardiacárceles inferior al necesario.
A raíz de los resultados, desde el Ministerio de Justicia, comandado por Gustavo Ferrari, decidieron tomar medidas drásticas: parte del personal que realiza tareas administrativas y está en condiciones de trabajar en contacto con detenidos serán trasladado a diferentes penales de la provincia. Por otra parte, más de 800 agentes fueron expulsados por no presentarse a trabajar de manera regular y advierten que esa cifra irá creciendo.
La Auditoría General está cargo de Fernando Rozas, ex asesor de Ferrari, y desde su entorno aseguraron que ya se pusieron en marcha distintos planes para desactivar las «numerosas irregularidades» en el Sistema Penitenciario Bonaerense, que se encuentra intervenido por el gobierno desde octubre del año pasado.
“¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, un decorador de interiores o un chef en el Servicio Penitenciario cuya función básica es cuidar y contribuir a reeducar a los detenidos para que luego puedan reinsertarse en la sociedad?”, se preguntan desde el entorno de Rozas y aseguran que no hubo control de ingresos y se realizaron nombramientos arbitrarios en muchas áreas.
Otros datos relevantes que surgieron es que trabajan en el SPB 228 odontólogos y 517 médicos, pero hay unidades carcelarias sin prestaciones de este tipo. Desde la Auditoria sostienen que «con 385 médicos tendríamos cubierto el servicio las 24 horas los siete días de la semana”.
En los jardines de infantes y maternales “hay 154 empleados entre docentes, profesionales y administrativos para atender a 346 niños. Por ejemplo, en la Unidad 1 de Olmos hay 360 penitenciarios para atender a 2.400 detenidos. Y en la alcaidía Petinatto, 150 penitenciarios para 781 presos”, sostienen y adelantaron que ya está en marcha un plan de reducción de manera que queden «dos maestros por curso y un director y un subdirector por jardín. Un personal de mantenimiento, un preceptor, un portero y un ayudante de cocina. Van a quedar 90 personas y sobran 64. La mayoría es del escalafón general, de forma tal que deberían estar cuidando presos».
“Había lugares llenos de gente que no se sabía qué hacían. Estamos repensando el Servicio Penitenciario completamente para modernizarlo. Hay que trabajar sobre la gente y capacitarla. Y todos estos cambios van a generar crujidos”, expresó Ferrari.
El SPB es uno de los objetivos principales de María Eugenia Vidal desde que asumió la gobernación de la provincia y, con esta intervención, pretenden «optimizar los recursos económicos y humanos” e incorporar efectivos «con otro criterio de formación y más profesionales».
