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La base actual de subastas es el 66 por ciento del valor fiscal de la propiedad, lo cual, según estiman, constituye un 5% del precio de mercado. Afirman que se trata de una estafa legal y que operan “grupos cerrados” que se benefician. La Suprema Corte trabaja para transparentar el sistema

Cuando una persona enfrenta un juicio civil y lo pierde, la Justicia puede dictaminar que pague una suma de dinero al litigante y, cuando esa plata no existe en efectivo, se procede al remate judicial de las propiedades. Así lo determina la legislación actual. Pero todo parece indicar que los que pierden los juicios civiles sufren el asedio de la denominada “mafia de los remates”, que estaría conformada por empresarios, inmobiliarios y hasta integrantes del Poder Judicial.

Las máximas autoridades judiciales de la Provincia admiten que el modelo tradicional del sistema de subastas propicia situaciones irregulares y por eso impulsan una serie de modificaciones y mecanismos de transparencia. Una de las víctimas de estas mafias, la contadora Alcira Cortopasso, lleva adelante iniciativas en la Legislatura para intentar reformar la legislación vigente que, según su opinión, constituye el caldo de cultivo para que proliferen negocios irregulares.

Cortopasso, que se presentó en la redacción de diario Hoy para denunciar que padeció la mafia de los remates, propone que se conforme un foro en el que se sumen más voces de personas que hayan pasado por situaciones similares bajo la consigna “no al precio vil de las subastas judiciales”. La mujer contó que perdió un juicio en el Juzgado Civil Nº 23 de La Plata y que la propiedad que tiene en 40 entre 10 y 11 fue tasada en 80 pesos por metro cuadrado, cuando el valor real es de 1.200 dólares.

La contadora explicó que “luego hubo una subasta, y como estoy divorciada, y me corresponde la mitad de esa propiedad, el inmueble fue comprado de manera muy sospechosa en apenas 131.500 pesos”. Para la mujer, el problema central es legislativo, y por eso quiere juntar varios casos para tener más fuerza en el reclamo.

“La idea es solicitar que se analice la modificación de la norma que utilizan los jueces para fijar la base de las subastas judiciales. No está de acuerdo a Derecho, ya que resulta un valor absurdo y prebendario para los compradores de subastas judiciales”, dijo Alcira. La mujer detalló: “Sabemos que la mafia de los remates judiciales actúa en forma cerrada y logra importantísimas ganancias a través de este método de despojo amparado por el Poder Judicial, que justamente debe velar y proteger los derechos de los ciudadanos”.

El valor que la norma actual asigna como base es el 66% del valor fiscal, que es un tecnicismo utilizado por el Estado a efectos de la fijación del impuesto inmobiliario anual, pero nada tiene que ver con el valor de mercado.

La profesional explicó que “la propuesta es que los inmuebles que se rematen tengan un valor de realización judicial adecuado a su valor de mercado, que sirva para abonar deudas en caso de que ese haya sido el objetivo de la subasta y el remanente quede en poder de quien era su titular”, y concluyó que “es la única forma de corregir esta falencia, que permite despojar en forma absurda a quien posee un inmueble para entregárselo legalmente a quienes integran el privilegiado grupo de compradores judiciales”.

Solo dos provincias cuentan con un sistema que apunta a combatir “los arreglos”

La Suprema Corte de Justicia, con el objetivo de intentar dar una solución a las reiteradas denuncias de irregularidades en sistema de subastas judiciales, propició en el año 2010 que se dictara la Ley 14.238.

Esta ley, que entró en vigencia cinco años después, dispone que las subastas deben realizarse de forma electrónica, para así garantizar mucha más transparencia.

Las máximas autoridades judiciales de la Provincia admiten que el modelo tradicional del sistema de subastas propicia situaciones irregulares. Fuentes judiciales le confirmaron a diario Hoy que “la Provincia de Buenos Aires y la de Córdoba son las únicas en el país que cuentan con el sistema de subastas electrónicas”.

“El régimen de Subastas Judiciales a través de internet se caracteriza por su transparencia (desac­tiva las denominadas ligas de compradores), seguridad (evita traslados de dinero durante el acto de remate), economía de recursos y celeridad, aumentando asimismo la participación ciudadana y de oferentes, ya que los interesados pueden monitorear los remates en tiempo real e inscribirse en el Registro de Usuarios desde cualquier lugar del país”, explicaron desde la Suprema Corte.

La modalidad determina que las subastas judiciales se efectúen a través de un portal web desa­rrollado por la Suprema Corte de Justicia al que se accede desde su página oficial de internet: www.scba.gov.ar/subastas

Intentaron violar la seguridad informática

La transparencia que favorece el sistema de subastas judiciales electrónicas se vio reflejada a fin del mes pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia detectó y desactivó un intento de obstrucción a través de la plataforma virtual.

Una auditoría interna efectuada por el área informática del tribunal permitió identificar al presunto responsable de la maniobra, como así también el software utilizado y la ubicación de la máquina desde la cual se ejecutaba la acción que tenía como objetivo impedir la participación de otros oferentes en una subasta.

Una vez neutralizada la maniobra, con esos datos se realizó la pertinente denuncia penal a la Unidad Fiscal de turno, la cual llevó adelante dos allanamientos, secuestró equipamiento informático y dispuso el procesamiento de una persona y su citación a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal.

Asimismo, se informó al Registro General de Subastas Judiciales y al Juzgado en lo Civil y Comercial interviniente en el remate para que adopten las medidas del caso.