Por Juventud Demócrata Cristiana
Todos los años, a la hora de comenzar el ciclo lectivo, se repite la escena política de disputa entre Gobierno y gremios por el aumento de sueldo.
Este año, el conflicto se vio teñido con un nuevo matiz, por la peculiar iniciativa nacida desde las redes sociales de muchas personas que se ofrecen ad honorem para dar clases mientras dure la medida de fuerza, y así garantizar los 180 días de clases previstos por ley.
El conflicto tal y como se presenta tiene varias aristas.
En primer lugar, la iniciativa de tantos ciudadanos voluntarios muestra que la sociedad Argentina está empezando a comprender que la democracia no es sólo emitir un voto cada dos años, y que es posible un modo de participación ciudadana que dé un aporte a las problemáticas que se viven.
Este movimiento también pone en la luz el cansancio de cierta parte de la sociedad con la modalidad de resolución del conflicto docente, que reiterativamente todos los años se plantea como una discusión bilateral entre el Gobierno y los gremios, modalidad que hasta ahora no ha probado ser útil ni a la solución del conflicto ni a la mejora de la calidad educativa, ya que hace años que los 180 días no se cumplen y hace más de una década que los índices de calidad vienen en picada.
Tal vez sea hora de comprender que si se hace siempre lo mismo se obtendrán siempre idénticos resultados.
Es hora de que la discusión salarial se amplíe, y no se discuta solamente el aumento, sino también las condiciones de trabajo, las cuales conllevan derechos pero también deberes.
Además, tal vez ya sea hora de asumir que si la educación es un bien público financiado por todos los ciudadanos, no es posible que la cuestión se discuta bilateralmente: la mesa que hoy tenemos es demasiado chica.
Deberían sumarse sillas donde se sienten padres, universidades, asociaciones de la sociedad civil, y todos aquellos involucrados con el problema educativo. De todas formas, también es importante no desconocer el momento de Política 2.0 que estamos viviendo, y la permanente competencia desleal que tenemos en la Argentina.
La aparición de memes y fotografías que ponen en cuestión a los representantes de los docentes y que nada aportan a la solución del conflicto, hace susceptible cuanto menos de sospecha de que parte del movimiento de redes responda a una operación.
Sería preocupante que esto fuera verdadero, porque ante un problema como el educativo debiera darse un verdadero debate de qué educación queremos y cómo lograrla.
Este tipo de cosas no hacen más que agraviar a personas, instituciones, a la democracia en general, y perjudicar a los destinatarios de la educación que son nuestros niños y jóvenes.
Una última cosa que el fenómeno de los voluntarios evidencia, es la concepción que de la docencia se tiene en la Argentina, esa concepción “vocacional” de primera mitad del siglo XX, por la cual parece que ser docente fuera una cuestión de actitud y no de aptitud.
Los docentes son y deberían ser tenidos por profesionales de la educación, irremplazables por cualquiera que carezca de tales competencias.
En segundo lugar, es importante comprender que si parte de la sociedad reacciona y no reconoce a los gremios como legítimos representantes de los trabajadores de la educación, es porque en muchas ocasiones hay gremios docentes que han actuado con severa irresponsabilidad, cuyas consecuencias no han sido otras que perjudicar a niños y jóvenes en su derecho fundamental de ser educados. Probablemente sea necesario que los gremios revisen su forma de actuación, y comprendan que son agentes directos de la calidad educativa, y que esto también es su responsabilidad.
En tercer lugar, el Gobierno se equivoca en no convocar a paritarias nacionales.
De esta forma, se deja a las Provincias muy debilitadas a la hora de afrontar la paritaria, y se favorece la profundización de la inequidad educativa, porque no todas las Provincias tienen los mismos recursos para afrontar el mismo problema.
Esto tiene como consecuencia última que en la Argentina haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, niños y jóvenes con derecho a una educación de calidad, y niños y jóvenes que no.
Finalmente, consideramos que la propuesta del 18% escalonado es insuficiente, aún cuando haya una cláusula que permita reabrir la discusión.
Esto se debe, en primer lugar, a que aunque el aumento iguale la inflación, los docentes ya registran una pérdida del poder adquisitivo de varios puntos en el último año.
En segundo lugar, porque la única proyección inflacionaria tan optimista es la del Gobierno, ya que proyecciones privadas e internacionales dan alrededor de diez puntos más.
Esto es responsabilidad principalmente del oficialismo, pero también de los legisladores de la oposición que aprobaron a fines del año pasado la Ley de Presupuesto, donde se contempla dicha proyección y lo destinado a la educación.
Es evidente por todo lo dicho, que no se trata de un problema económico sino más bien político, problema en el cual cada una de las partes en juego tiene aún varias materias pendientes.
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