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Por Micaela Ryan  @LaMicaRyan

El acuerdo fue firmado por el ministro de Defensa argentino, Julio Martínez, y el embajador de Estados Unidos en el país, Noah Mahmet. Fue anunciado el 13 de diciembre a puertas cerradas en la Embajada por Mahmet y Martín Lousteau (representante argentino en Washington).

Tanto los medios locales como internacionales mostraron la noticia como un dato intrascendente, o directamente la obviaron, aunque implica un cambio paradigmático en las relaciones militares suramericanas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El acuerdo se realizó entre el gobierno argentino y la Guardia Nacional del Estado de Georgia, unos de los principales centros militares y de la industria aeroespacial del mundo.

Desde el inicio de su gestión, Mauricio Macri había manifestado su deseo de ingresar a la órbita de países bajo el State Partnership Program (Programa de Colaboración Estatal, SPP por sus siglas en inglés), que coordina el Departamento de Defensa de Estados Unidos y en el que participa directamente la Guardia Nacional estadounidense. Argentina quedó seleccionada entre 16 candidatos, en un programa que ya cuenta con 73 miembros y en el cual ingresan entre dos o tres asociados por año.

El SPP es un programa que impulsa acciones militares conjuntas entre el Unified Combatant Command (Comando de Combate Unificado, UCC por sus siglas en inglés), que se organiza en base a objetivos geográficos. Fue creado por la administración de George H. Bush en 1989 con el objetivo de nuclear a los países ex miembros de la Unión Soviética.

Este organismo militar prioriza las acciones fuera del suelo estadounidense, siempre y cuando sean de principal interés para el Congreso de los Estados Unidos. El UCC se organiza en base a núcleos geográficos por zona. En este caso, Argentina ingresa bajo la órbita del United States Southern Command(Comando Sur de los Estados Unidos). Esto sucede al mismo momento que Donald Trump designa a John Kelly al frente del Departamento de Seguridad Nacional, quien lideró el Comando Sur entre 2012 y 2015. El presidente electo argumentó su elección debido al conocimiento de Kelly sobre la región, y dijo que “es la persona correcta para encabezar la misión urgente de detener la inmigración ilegal y asegurar nuestras fronteras”.

Luego de conocerse el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, el jefe de la Oficina de la Guardia Nacional y general de la Fuerza Aérea, Joseph L. Lengyel dijo: “El SPP nos permite fortalecer los profundos lazos de confianza que ha creado la Guardia Nacional con un grupo muy amplio de socios en el extranjero, en todos los niveles de comandos de combate”. “Estoy seguro de que la Guardia Nacional de Georgia y la Argentina se beneficiarán de la extraordinariamente rica variedad de competencias y experiencia que cada uno aportará a esta colaboración”, afirmó.

Los objetivos formales del SPP son promover la interoperabilidad y enlazar las capacidades militares entre los países asociados. En este sentido, prioriza las zonas estipuladas por el Congreso estadounidense con el objetivo de “prevenir Estados fallidos y crear regiones estables”, “mejorar capacidades de las naciones asociadas para proteger a sus ciudadanos”, “reforzar relaciones para facilitar el acceso y la interoperatividad”, “mejorar las capacidades culturales de los miembros del personal militar de Estados Unidos”, como así también “habilitar la integración de reservas y activar componentes de fuerza a un plano de ‘fuerza total’”.

En lo concreto, en el caso argentino, el acuerdo se formalizó con la Guardia Nacional del Estado de Georgia y habilita a que sus miembros operen en este país y tomen decisiones con y por sobre las Fuerzas Armadas locales, en caso de considerarlo necesario. El acuerdo se enmarca principalmente en zonas fronterizas y desastres naturales, aunque no se descarta la actuación de fuerzas militares estadounidenses ante conflictos sociales, con el objetivo de “mantener la paz”.

Para el gobierno de Macri, el acuerdo implica acceder a la gran industria aeroespacial radicada en el Estado de Georgia, donde operan más de 500 empresas de este tipo y residen ocho de las diez más grandes que controlan el sector en el mundo. El 42% de los contratos en materia aeroespacial que realiza el Departamento de Defensa están radicados en ese Estado, lo que en el 2015 implicó una suma de 6.400 millones de dólares.

El interés central de la administración de Cambiemos son las posibles inversiones que se puedan lograr en materia aérea, aunque todavía no hay garantías de que éstas ocurran y a cambio se delega la soberanía territorial-militar y la seguridad interna. Este cambio puede traer consecuencias de grave impacto dentro del territorio argentino, en los albores de la era Trump.