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La obra social del Estado bonaerense volvió a quedar en el centro de la escena a partir de una denuncia realizada por profesionales de la propia entidad.

Según esa acusación, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), fue objeto de un fraude «sistemático» por parte del ex presidente Antonio La Scaleia y el directorio de la entidad durante la gobernación de Daniel Scioli.

La denuncia la impulsa el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del Ioma (SupttIoma) y el fraude se habría cometido a través de sobreprecios de prestaciones, empresas fantasmas, compra de medicamentos truchos y hasta internaciones domiciliaria que nunca se realizaron.

“Nosotros confirmado seis casos, pero estimamos que hay más de 70”, dijo hoy Raúl Seillant, el titular de SupttIoma, en declaraciones radiales.

El médico sostuvo que cuando el actual presidente de la entidad, Sergio Cassinotti, salió a denunciar este tema le dijeron que, en 18 meses, entre 2014 y 2015, se habían ido 2.800 millones en sobreprecios y compras con facturación apócrifa.

Seillant explicó el modus operandi para encubrir los hechos: “Cada vez que un auditor encontraba un acto ilícito o irregular era echado, por ende decidimos constituir nuestro sindicato. Se hacían recetas de medicamentos oncológicos a nombre de personas que estaban muertas, que eran mantenidas como activas sin que sepan sus familias. Esas drogas eran direccionadas a laboratorios y farmacias que tenían connivencia con funcionarios del Ioma”.

La denuncia también menciona que La Scaleia tenía un sueldo de $ 72.988 «sin declaración jurada patrimonial previamente a comenzar el ejercicio de ese cargo». Ese sueldo no le alcanzaría para justificar el bienestar económico y financiero del que goza el ex funcionario. Por eso, también se lo acusa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.

Según La Nación, La Scaleia y su ex jefe de gabinete en el IOMA, Daniel Burgos, figuran como parte del directorio de una sociedad offshore que aparece en los Panamá Papers. Se trata de IT Invest Group Technologies SA, creada en 2012 y en la que también figuran algunos empresarios ligados con el negocio de las internaciones domiciliarias.

“Nunca pudimos reunirnos con Alberto Pérez ni con Gabriel Mariotto, a pesar de que les planteamos la existencia de una corrupción sistematizada a través de sobreprecios con el aval del Directorio y los vocales que, por acción o por omisión, no denunciaban esto. A Scioli le mandamos siete cartas documento y cuatro pedidos de intervención”, dijo hoy Seillant en declaraciones a Radio de la Ciudad.

La causa está en la UFI N° 11, a cargo Álvaro Garganta. El fiscal ya venía investigando este tema a partir de una denuncia de la diputada Elisa Carrió contra Scioli. Allí, mencionó al IOMA como una de las cajas provinciales que habrían sido vaciada durante su gestión.

Garganta dijo a LPO que, en las próximas horas, las autoridades del sindicato deberán ratificar la denuncia. «Nosotros vamos a avanzar con la investigación con las limitaciones del caso. Todo saben que Ioma tiene problemas estructurales para conseguir documentación. El organismo es una estructura en la que es muy difícil encontrar papeles que sirvan como prueba”.

Los cuatro ejes de la denuncia

Mediante 30 casos documentados, la denuncia se centra en cuatro ejes: el primero da cuenta de que Ioma habría sido utilizado como una «gerenciadora industrial de sobreprecios» con coimas que irían de 14 a 20% en épocas de elecciones.

Se mencionan varias empresas que habrían sido utilizadas en diversas maniobras ilícitas. Por eso se pide que la Justicia investigue a los propietarios de esas firmas para saber si tienen vínculos políticos, empresariales o familiares con ex funcionarios sciolistas o ex directores del Ioma.

El segundo eje de la denuncia se focaliza en la falta de mecanismos de control. «No sólo faltaron sistemas severos de auditorías para las compras, sino que tampoco se controlaban las internaciones domiciliarias y distintos tipos de prestaciones», dijo Seillant. Deslizó que estos mecanismos de corrupción tendrían que haber contado con «complicidades políticas» que, al igual que la denuncia de Carrió, apuntan al entorno del ex gobernador.

Los otros dos ejes precisan suspuestos actos de corrupción en los mecanismos de compra de drogas especiales y de prótesis. Se registraron sobreprecios de hasta 700% en pesos y 200% en dólares.