martes, noviembre 26, 2024

Nacionales

Comienzan las elecciones para integrar el Consejo de Participación Indígena

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A partir del 16 de septiembre, los pueblos indígenas de Argentina eligen a sus representantes para integrar el Consejo de Participación Indígena (CPI), un espacio de debate y consulta formado por dos miembros de cada pueblo indígena de cada una de las provincias, coordinado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El cronograma de asambleas en las que las comunidades elegirán a los miembros del CPI comenzó el 16 de septiembre en la provincia de La Pampa con el pueblo Ranquel, y continuará en Entre Ríos (pueblo Charrúa) el 29 del mismo mes, y el 21 de octubre en Santa Fe (Qom y Mocoví).

En noviembre será el turno de la provincia de San Juan (Huarpe), Mendoza (Huarpe), Catamarca (Colla Atacameño), Tucumán (Lule) y  Neuquén (Mapuche), y en diciembre Tierra del Fuego (Selk´Nam –Ona-).

Los demás pueblos indígenas de las otras provincias del país renovarán a sus representantes en el CPI durante 2017.

La elección de los miembros del CPI se realiza en asambleas comunitarias, en las que el INAI participa como veedor, respetando las costumbres y mecanismos que cada pueblo indígena posee para elegir a sus representantes. Cada pueblo de las distintas provincias elige a dos personas para el CPI, con un mandato de tres años.

El Consejo de Participación Indígena tiene cuatro funciones principales: promover la participación de las comunidades indígenas en el Programa de Relevamiento Territorial –Ley 26.160-; acompañar a las comunidades en la formulación de proyectos de desarrollo con identidad; fortalecer a las comunidades en la organización e inscripción de su personería jurídica, y participar de los distintos procesos de consulta referidos a toda política pública que pudiera afectar los intereses de los pueblos indígenas.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas funciona en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, y tiene como objetivo general la promoción y protección de los derechos humanos de estos pueblos, consagrados constitucionalmente, entre ellos el de participación y consulta sobre las políticas públicas que los involucran.