Los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, imputado hoy por la Fiscalía por corrupción y lavado de dinero, calificaron la acusación como «un deplorable espectáculo de verborragia» en el que no fue presentado ninguna prueba contra el exjefe de Estado.
De acuerdo con sus defensores, Lula y su esposa, Marisa Leticia, también incluida en la denuncia, repudian públicamente la acusación por estar «basada en piezas de inconsistencia cristalina» y tener motivaciones políticas.
Lula acusado de ser el «comandante» del «mayor esquema de corrupción» de Brasil
La fiscalía Brasil acusó el miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser el «comandante máximo» de la red de corrupción en Petrobras, una denuncia que cayó como una bomba en un país sacudido por las crisis políticas.
El jefe de los fiscales que investiga el caso, Deltan Dallagnol, afirmó en una rueda de prensa en Paraná (sur) que el exmandatario (2003-2010) estaba en la cima del esquema que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal, revelado por la Operación Lava Jato (lavadero de autos).
«Sin el poder de decisión de Lula, ese esquema sería imposible», afirmó, al definir el caso también conocido como «Petrolao» como «el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil».
Ahora el juez Sergio Moro, devenido en símbolo de la lucha contra la corrupción, deberá decidir si acepta la denuncia contra el exdirigente sindical, de 70 años, que encarnó la irrupción de la izquierda latinoamericana a inicios de la década pasada.
El expresidente Lula da Silva habla durante un mitin contra la reforma laboral propuesta por el nuevo Gobierno brasileño, el pasado 9 de septiembre en Sao Paulo
Según Dallagnol, en esta causa -una de las múltiples del expediente que ya se tradujo en más de un centenar de sentencias- Lula recibió unos 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares al cambio actual) «en sobornos pagados disimuladamente».
Afirmó además que se había constatado que la constructora OAS, una de las principales involucradas en la trama político-empresarial de sobornos en Petrobras, transfirió recursos al expresidente mediante la reforma de un apartamento tríplex y de un contrato falso de almacenamiento de bienes personales.
– Una denuncia «farsesca» –
Un hombre sostiene una bandera de Brasil con la inscripción «Lula en prisión», durante una protesta en contra de Dilma Rousseff, el 31 de julio de 2016 en Sao Paulo
La esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, también fue denunciada, en particular como presunta copropietaria del tríplex.
El fiscal que conduce el equipo de investigadores definió como «sobornocracia» el sistema masivo de desvío de fondos diseñado, según dijo, con el objetivo de «perpetuarse criminalmente en el poder, enriquecerse ilícitamente y corromper la gobernabilidad».
En Sao Paulo, el abogado de Lula calificó esas denuncias de «farsescas» y dijo que la Fiscalía «se perdió en un deplorable espectáculo de verborragia» para encubrir el hecho de que no existía «ninguna prueba» contra Lula ni contra su esposa.
El expresidente y fundador del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) enfrenta otra acusación, por presunto intento de obstrucción de las investigaciones de la Operación Lava Jato.
En su presentación, Dallagnol citó un estudio de la Policía Federal que indicó que el «perjuicio total» ocasionado por el fraude podría ascender hasta 42.000 millones de reales (unos 12.700 millones de dólares).
Consultado acerca de si solicitaría la detención del exmandatario, respondió que no se manifestaría sobre eventuales medidas cautelares.
Para el profesor de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas, Thiago Bottino, la acusación contra Lula «no es un motivo para mandar preso a alguien (…). El hecho de acusar a alguien no significa que haya cometido esos delitos», dijo a la AFP.
– El «Petrolao» –
El «Petrolao» fue un sistema que operó durante una década en la estatal Petrobras, por el cual las mayores constructoras de Brasil sobornaban a ejecutivos de la compañía, que a su vez eran designados por partidos políticos, a cambio de contratos.
Las empresas sobrefacturaban las obras y el excedente generado era luego distribuido entre las agrupaciones políticas para financiar sus campañas y entre los participantes para su enriquecimiento personal.
El escándalo fue el gran motor de las protestas contra el PT y el gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, que fue destituida el mes pasado acusada de maquillar las cuentas públicas, en un juicio político sin conexión con Petrobras, pero plagado de menciones a la confabulación que le costó más de 2.000 millones de dólares en pérdidas a la petrolera.
Lula también está acusado, en otro expediente, de intentar obstruir las investigaciones luego de que un exsenador de su partido, Delcidio do Amaral, dijera que había sido uno de los ideólogos de un intento por comprar el silencio de un directivo de Petrobras que negociaba un acuerdo con las autoridades a cambio de una reducción de su condena.
También fueron detenidos por la trama de sobornos en la estatal Joao Santana, publicista del PT, Joao Vaccari, extesorero, y José Dirceu, exjefe de Gabinete y mano derecha de Lula.
Dirceu fue condenado en mayo a 23 años de prisión por este caso. Hombre fuerte del PT, ya había estado detenido por un escándalo previo conocido como «mensalao», por el cual el PT pagó sobornos a legisladores aliados a cambio de apoyo político durante el primer mandato de Lula.
Dallagnol vinculó ambas causas y las consideró «dos caras de la misma moneda».
El monumental esquema de desvíos en Petrobras, que supo ser sinónimo de futuro en Brasil, puso a decenas de legisladores bajo investigación del Supremo Tribunal Federal (STF), entre ellos algunos del PMDB de centro-derecha en el que milita el actual presidente Michel Temer.
